En las últimas horas, Mauricio Macri sumó un nuevo dolor de cabeza. La Cámara Federal de Casación rechazó por "inadmisibles" recursos de las defensas del ex presidente, José María Torello y Fabián Rodríguez Simón contra la decisión de ordenar una pericia sobre sus teléfonos y llamadas en la causa que los investiga por presiones al grupo Indalo.

En el fallo, los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani remarcaron que "frente a una investigación en curso como la de autos la medida por el momento, más allá de su conducencia, no aparece como irrazonable en relación a los derechos que se dicen vulnerados".

Cabe señalar que la jueza María Servini había ordenado  los entrecruzamientos de llamados entre los imputados para determinar si se contactaron entre sí en fechas consideradas clave en la pesquisa vinculada a la situación de las empresas de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Luego, ante una apelación de Macri, la Cámara Federal porteña ratificó la medida pero le ordenó a la magistrada circunscribirla a hechos concretos de la investigación y no realizarla de manera general. En este sentido, el 29 de octubre pasado, Servini delimitó "el marco temporal de la medida de prueba dispuesta a los 10 días anteriores y posteriores" a ciertos sucesos.

No obstante, las defensas volvieron a apelar y alegaron "violaciones al derecho a la intimidad, como asimismo cuestiones de Estado y de seguridad nacional", recordó Casación al rechazar estos recursos por "inadmisibles". Servini ordenó pedir los informes por hechos puntuales ocurridos desde el 25 de octubre de 2015 y el 9 de abril de 2019, incluidas las detenciones y posteriores liberaciones de López y De Sousa por supuestos delitos en su petrolera Oil Combustibles.

Según consta en la denuncia, los acusados habrían "ejercido presiones a partir de actos públicos y en la esfera privada de los dueños del Grupo Indalo, con reuniones en las que habrían participado funcionarios públicos y hasta el mismísimo –entonces– presidente Macri".

"Vale la pena remarcar que el querellante indicó que desde el Gobierno les habían hecho llegar la advertencia que si no eran transferidas las titularidades de los paquetes accionarios a quienes ellos designaban, las empresas se liquidarían", se recordó en el fallo.