El Gobierno Nacional, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, anunció una serie de modificaciones significativas al Programa Acompañar, que tiene como objetivo brindar apoyo a personas en situación de riesgo por violencia de género. Las principales medidas incluyen la reducción del tiempo de la asistencia económica, de seis a tres meses, y la introducción de un nuevo requisito: la obligatoriedad de acreditar una denuncia judicial o policial para poder acceder a la prestación.

Este programa, que fue creado en 2020 durante la gestión anterior, estaba destinado a promover la autonomía económica de mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de riesgo, otorgando una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses. La intención detrás de esta medida era reducir las desigualdades económicas y sociales que enfrentan las personas víctimas de violencia de género, y contribuir a la disminución de la “feminización de la pobreza”.

Sin embargo, con las nuevas disposiciones, la administración de Javier Milei ha decidido acortar el tiempo de cobertura del programa a solo tres meses. Además, a partir de ahora, las personas que deseen acceder a esta ayuda deberán presentar no solo un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias, sino también una denuncia judicial o policial que acredite la situación de violencia de género.

El decreto, firmado por el presidente; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justifica estos cambios como una medida para optimizar la gestión de los recursos estatales, buscando "criterios de eficacia, eficiencia y economía". Según el Gobierno, la necesidad de estas modificaciones surge de la necesidad de garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y controlada, en un contexto de revisión y auditoría de los programas sociales.

Desde el Ministerio de Justicia, actualmente a cargo del programa tras la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se explicó que la revisión del programa Acompañar responde a la detección de "numerosas irregularidades" en la administración anterior. Según fuentes oficiales, la entrega de subsidios se hacía de manera discrecional, utilizándose para fines políticos, lo que ha motivado la necesidad de implementar controles más estrictos en su otorgamiento.

No obstante, esta decisión ha generado preocupación entre organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+. Señalan que la exigencia de una denuncia judicial o policial podría ser un obstáculo para muchas víctimas que, por diversas razones, no denuncian formalmente a sus agresores, pero que igualmente necesitan el apoyo económico para salir de una situación de violencia. Asimismo, advierten que reducir el tiempo de la asistencia económica podría dejar a muchas personas en una situación de vulnerabilidad aún mayor.

Por su parte, el Gobierno no ha anunciado medidas paliativas para aquellas personas que, pese a no poder realizar una denuncia, requieran asistencia económica. Tampoco se han detallado planes para fortalecer el acceso a la justicia y protección de las víctimas en situaciones donde la denuncia no es una opción viable.

El programa Acompañar, en su forma original, había sido diseñado para atender las necesidades urgentes de las personas en riesgo, reconociendo que la violencia de género afecta de manera desproporcionada a mujeres y personas LGBTIQ+, y que estas suelen enfrentar barreras adicionales para alcanzar la autonomía económica. La reducción del tiempo de cobertura y los nuevos requisitos representan un cambio significativo en la política de apoyo a víctimas de violencia de género en Argentina.

La implementación de estas modificaciones entrará en vigencia inmediatamente, y se espera que en los próximos meses se realicen evaluaciones sobre su impacto en la población objetivo. Mientras tanto, la decisión del Gobierno sigue generando debates sobre la eficacia y las posibles consecuencias de este ajuste en uno de los programas más importantes de asistencia a víctimas de violencia de género en el país.