19 de mayo de 2016. Boca se enfrentaba a Nacional de Uruguay en la Bombonera y en ese partido estaba Maximiliano Germán Oetinger, buscado por la justicia de San Martín por un secuestro. La policía estaba por capturarlo pero no: un grupo de barras salió en su auxilio y lo protegió. Este es uno de los expedientes que Rafael Di Zeo tiene abiertos en su contra y donde ahora busca una declaración de prescripción que haga caer el debate oral. La decisión la tendrá que tomar la Cámara Federal de Casación.

De acuerdo a la causa judicial, Oetinger bajó esa noche del sector en el que se estaba cuando le advirtieron de un operativo policial y cambió su vestimenta con prendas que le fueron entregadas por "La 12". Al terminar el encuentro salió del estadio con Rafael Di Zeo, Cristian Roblero, Carlos Maciel, Eduardo Tripodi, Luis Arrieta, Miguel Ángel de Santis, Pinazzi, Mauro Martín y Gustavo. Los barras lo rodearon -junto con un grupo de unas 80 personas más- y lo escoltaron hasta el estacionamiento, donde se subió a un auto que la propia barra “le proporcionó” para darse a la fuga.

La maniobra fue concretada durante la madrugada: otro de los barras fue a retirar al campito el auto Mercedes Benz con el que Oetinger había llegado a la Bombonera, que recién fue capturado en noviembre de ese año, en Villa Ballester. La investigación contra los barras se encuadró bajo el delito de “encubrimiento agravado por la gravedad del hecho precedente”, que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

La causa está en el Tribunal Oral Federal 8 debido a que ese tribunal “absorbió” los expedientes de otro tribunal que ya no existe más. Ante la jueza federal Sabrina Namer, los defensores de los imputados solicitaron que se declare extinguida la acción penal por prescripción ya que en todo caso se trataba de un encubrimiento simple y no agravado, ya que a Oetinger lo condenaron por robo y por privación de la libertad y no bajo la calificación de “secuestro extorsivo”. Eso significaba que el tiempo para juzgar el caso ya había vencido porque la figura de encubrimiento simple tiene una condena máxima de tres años. 

Como camino alternativo, las defensas de Martin, Arrieta, Di Zeo y Maciel solicitaron sino que se extinga la acción penal por “violación a la garantía del plazo razonable”. Aseguraron que por “deficiencias en las que no han intervenido ninguna de las partes ni el Tribunal” ya transcurrieron más de seis años lo cual “en el caso concreto y teniendo en cuenta los hechos que aquí se ventilan” excedía el plazo razonable en el que el Estado está obligado a resolver definitivamente la situación procesal de los involucrados.

Ante esos planteos, la fiscalía opinó que no había pasado desde la citación a juicio los seis años que prevé el encubrimiento agravado. “Nos encontramos frente a un hecho que se configuró, con el agravante, en el momento en el que los aquí imputados, cuando se filtró el operativo ordenado a raíz de la orden de detención, supieron y quisieron prestarle colaboración a una persona que era buscada para ser detenida en el marco de una investigación por secuestro extorsivo”, remarcó.

Al momento de decidir, la jueza Namer coincidió con la Fiscalía y dijo que no había pasado el tiempo de prescripción. Con respecto al juzgamiento en tiempo razonable, aseguró: “se desprende que en ningún momento existió una demora por parte de los órganos estatales en la resolución de esta causa, toda vez que en ninguna de las instancias por las que transitó estuvo paralizada la acción, y si bien es cierto que el tiempo transcurrido desde el inicio podría lucir extenso, no corresponde calificarlo de irrazonable”.

En el fallo al que accedió Data Clave, además de detallar todas las veces en que las defensas pidieron distintas cuestiones que dilataron el proceso, se fijó como fecha de inicio del debate el 29 de agosto de este año. Sin embargo, eso no pasó y el motivo fue que la defensa de Di Zeo junto con las de los otros imputados se quejaron de la resolución donde se rechazó su pedido de prescripción.

Por este motivo, la jueza Namer tuvo que dar de baja el inicio del juicio y ahora será Casación Federal la que defina si la causa sigue adelante o si, como piden los barras, se cae por el paso del tiempo.