El 2023 arrancó con una nueva pulseada entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara la decisión de presentar un pedido de juicio político contra los cuatro cortesanos.

Esta decisión fue ratificada hoy tras un encuentro con los gobernadores y el texto oficial será presentado en el Congreso en las próximas horas, tal como lo confirmó el mandatario chaqueño Jorge Capitanich.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”, señala el documento al que tuvo acceso Data Clave

La principal acusación contra los cuatro jueces se basa en la reciente cautelar dictada por los fondos coparticipables, en el marco del reclamo que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires; pero también por los diferentes conflictos que se suscitaron por la integración del Consejo de la Magistratura. 

“Los ministros de la Corte se han valido, bajo un aparente ropaje de legalidad, de argumentos que no hacen otra cosa que avalar el incremento desproporcionado de los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indica la presentación del Gobierno en relación al fallo.

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La presentación -de 35 páginas- también apunta individualmente contra los jueces por diferentes hechos y con distintos grados de responsabilidad, los que, según el Gobierno, configuran la supuesta causal de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.

Gran parte del texto, sin embargo, se dirige contra el juez Rosatti, a quien se le reprochan los supuestos chats entre su vocero Silvio Robles, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño: “La convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.

También le achaca su rol en el órgano encargado de la selección y acusación de magistrados nacionales y federales: “Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual (…) asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación".

Y agrega: "A través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación”.