En medio de la tensión con los gobernadores por la Ley Bases, el presidente Javier Milei decidió este jueves impulsar la creación de una fiscalía especial para investigar a funcionarios nacionales y provinciales en posibles casos de corrupción como enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales.

"Milei ordenó la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente referidos a las figuras de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales", explicaron fuentes oficiales. Luego fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la iniciativa.

En la reunión de gabinete en la Casa Rosada, el mandatario le ordenó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que le sugiera al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que abra esa fiscalía que actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Los Consejos de Procuradores, Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, asociaciones integradas por la totalidad de los Fiscales Generales y Procuradores Generales de todas las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitieron este viernes un comunicado en contra de la iniciativa.

“Nos hacemos al deber de convocar a una profunda reflexión con la finalidad de evitar propuestas como esta cuya concreción violentaría gravemente el orden constitucional sometiendo a las autoridades provinciales a un poder jurisdiccional extraño con el inminente riesgo de condicionarlos en el ejercicio de sus mandatos y funciones Provinciales con las obligaciones y derechos que cada normativa local procesal les confiere”, sostuvieron los funcionarios en el texto.

En ese marco, agregaron que “que junto a esta convocatoria de reflexión pretendemos alertar a los Sres. gobernadores Provinciales y Sr Jefe de Gobierno de CABA y claro está, a los respectivos legisladores a fin que, en su caso, propugnen en defensa de las autonomías Provinciales y el irrestricto respeto por el federalismo”. 

El presidente pretende que los mandatarios provinciales persuadan a los diputados nacionales que les responden a votar la ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que actualmente se debate en el Congreso, en sesiones extraordinarias que fueron prorrogadas hasta el próximo 15 de febrero.

Sin embargo, y ante la duda de una aprobación favorable -debido al rechazo que genera en algunos diputados temas como la suba de las retenciones al agro-, desde el Ejecutivo intentan influir a los gobernadores para lograr la aprobación de la iniciativa.

Algunos analistas entienden que la creación de esta fiscalía para investigar a funcionarios provinciales y legisladores, debe ser interpretada como un “apriete” del Poder Ejecutivo contra los mandatarios provinciales.