El juez federal de Campana Adrián González Charvay procesó hoy al ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté por el delito de “administración fraudulenta contra la administración pública”.  En el caso se investigan una serie de hechos de corrupción durante su gestión, a través de un supuesto desvío de fondos.

Además, el magistrado ordenó un embargo de 100 millones de pesos, le dictó la inhibición general de bienes y decretó la prohibición de salida del país. Por otra parte, dictó la falta de mérito para los funcionarios nacionales que fueron indagados por lo que se seguirá adelante con la investigación contra ellos para determinar si tuvieron alguna responsabilidad.

Hace apenas dos semanas, el juez Gonzalez Charvay había llamado a indagatoria a Ducoté, a ex funcionarios y ex funcionarias del municipio de Pilar y a ex integrantes del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, en ese momento a cargo de Rogelio Frigerio. 

De acuerdo a la investigación realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y retomada por el fiscal Sebastián Bringas, se detectaron irregularidades en tres convenios firmados en 2016 por más de 460 millones de pesos para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y en un plan de microcréditos para refacción de viviendas.

El juez consideró en el procesamiento que Ducoté y otros nueve funcionarios municipales “actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario. Esto habría provocado “un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

Por otra parte, sostuvo que no existían elementos necesarios para procesar a los funcionarios nacionales involucrados como la ex subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior Marina Klemensiewicz. En su indagatoria, los representantes del Ministerio habían planteado que desde Pilar les negaban acceso a la información, que no habían rendido cuentas de las obras ni de los procesos licitatorios a pesar de que habían intimado de manera formal a la municipalidad.