En Argentina, la prisión perpetua está reservada para los delitos más graves, según lo establece el Código Penal. Los homicidios calificados (artículo 80), los delitos sexuales seguidos de muerte (art. 124), la desaparición forzada con resultado de muerte (art. 142 ter), el secuestro extorsivo agravado (art. 170) y la tortura seguida de muerte (art. 144 ter) son algunos de los delitos que pueden ser sancionados con esta pena máxima. En algunos casos específicos, como los delitos de lesa humanidad, también se aplica esta condena.

Sin embargo, mientras desde el oficialismo se impulsa la eliminación del femicidio como agravante de homicidio con el argumento de que ya está contemplado en otras figuras legales, se mantiene la prisión perpetua para una amplia variedad de delitos.

De acuerdo con el Código Penal, la prisión perpetua implica que una persona no podrá salir de la cárcel hasta cumplir 35 años. Solo entonces, y bajo condiciones estrictas, podrá solicitar la libertad condicional. Sin embargo, la realidad del sistema penitenciario muestra que el acceso a este beneficio es excepcional.

El artículo 13 del Código Penal establece que la libertad condicional puede concederse a quienes hayan cumplido el tiempo mínimo de su condena y hayan mostrado una conducta ejemplar, con un informe favorable de peritos sobre su reinserción social. No obstante, el artículo 14 establece que la libertad condicional está vedada para homicidas agravados, violadores y otros condenados por delitos de extrema gravedad, lo que en la práctica convierte a la pena en una condena efectiva de por vida.

Según el último censo penitenciario realizado en 2023, en Argentina hay 3.037 personas condenadas a prisión perpetua. De ese total, 258 están presos por delitos federales, en su mayoría crímenes de lesa humanidad. Estas cifras reflejan la aplicación estricta de esta pena en el país y la baja probabilidad de que los condenados recuperen la libertad.

El referente en ejecución penal Rubén Alderete Lobo advierte que, con la actual legislación, la mayoría de las personas condenadas a perpetua morirán en prisión, dado que los jueces de ejecución penal suelen denegar las solicitudes de libertad condicional por considerar que no se cumplen los requisitos de reinserción.

“Argentina posee uno de los sistemas de penas perpetuas más severos del mundo, previendo en prácticamente todos los supuestos penas de por vida sin posibilidad alguna de liberación. La condena internacional al Estado argentino está a la vuelta de la esquina”, afirma Alderete Lobo.

Uno de los condenados a prisión perpetua más emblemáticos de la historia argentina es Carlos Eduardo Robledo Puch, conocido como "el ángel de la muerte". Fue condenado en 1980 por 11 homicidios, múltiples robos y otros delitos violentos. A pesar de haber solicitado su liberación en varias oportunidades, la justicia se la negó, argumentando su peligrosidad social y la falta de garantías sobre su reinserción.

Su caso es ilustrativo del carácter indefinido de la prisión perpetua en Argentina: a pesar de haber cumplido más de 35 años en prisión, sigue encarcelado sin perspectivas reales de obtener la libertad.

En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión perpetua en un caso, sosteniendo que una pena que imposibilite toda perspectiva de reinserción puede ser violatoria de los derechos humanos. Esta decisión abre el debate sobre la necesidad de reformar la legislación para garantizar que la perpetua cumpla un fin real de rehabilitación y no solo de castigo absoluto.

La afirmación de Cúneo Libarona sobre la necesidad de que la perpetua "se cumpla de verdad" resuena en un contexto en el que se discute el endurecimiento del sistema penal pero que, si se la analiza, resulta vacía y choca con la realidad. 

El tema seguirá en agenda mientras los tribunales y el Congreso debatan la aplicación efectiva de la prisión perpetua en un sistema que, por su diseño, convierte la condena en una pena material y realmente perpetua, más allá de lo que establece la ley.