Preocupación en las comunidades originarias por el DNU: “Los viejos cuervos de siempre vienen por la tierra”
El mega decreto de Javier Milei deroga la Ley N° 26.737 que establece límites al dominio extranjero sobre la propiedad de las tierras rurales. El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, aseguró que “ese es el único botín que ellos quieren”. La Confederación Mapuche de Neuquén y el Tercer Malón de la Paz también manifestaron su rechazo.
Durante su discurso de asunción y en gran parte de la campaña, Javier Milei destacó la figura del ex presidente Julio Argentino Roca, incluso lo calificó como “uno de los mejores presidentes argentinos”.
“Será duro. Pero como dijo Julio Argentino Roca, ‘nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo, cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios’”, manifestó el libertario el 10 de diciembre.
Las comunidades originarias han manifestado su preocupación ante la llegada de líder de La Libertad Avanza al Ejecutivo y las primeras medidas que anunció su gobierno. “Veníamos denunciando actitudes antidemocráticas de la derecha, actitudes violentas y racistas”, expresó uno de los werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo.
“El Presidente pone en valor la idea de la Generación del 80 y sobre todo de la figura del General Roca, con todo lo que significó para gran parte de la sociedad hace 145 años”, indicó Carriqueo a Data Clave y agregó: “Muchos de nuestros abuelos, de nuestras familias vivieron eso tanto la campaña genocida del desierto en la Patagonia como la campaña genocida del desierto verde”.
“Venimos cuestionando social y políticamente esto. Ese genocidio todavía no ha sido discutido por la sociedad y no lo ha reconocido el Estado. Creo que eso también la ha dado cierto poder a la derecha para sostenerse. Primero en base a la concentración de las tierras que ocurrieron en aquella época y que después porque en base a esos genocidios construyeron su poder económico y político”, manifestó el referente mapuche.
Respecto al protocolo anti-piquetes establecido por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló: “Hablan de libertad cuando son ellos los que protestan pero los negros, los indios, las organizaciones sociales no pueden protestar. La sociedad no puede protestar, son ellos los dueños, los patrones y los señores”.
En esta línea, contó que durante la marcha que realizaron la semana pasada a Viedma para rechazar las modificaciones inconsultas del código minero y ley de Tierras 279, y en defensa del agua y la tierra, “todas las combis y los colectivos fueron parados, subió la policía y le escaneó los documentos a todos”.
“El plan que tienen no es posible sin la represión y sin los métodos de persecución de la dictadura, eso es lo que pretende Bullrich cuando dice ‘vamos a hacer listas de los dirigentes’, es tener las listas negras que tienen los gobiernos militares”, sentenció Carriqueo.
En esta línea, el vocero aseguró: “Que 40 años de democracia se hayan conmemorado teniendo un presidente que no cree en la democracia es grave. Lo que pasó con el protocolo y el mega DNU es que son actitudes que se asemejan a una dictadura”.
Entre las modificaciones anunciadas en el Decreto 70/2023 se encuentra la derogación de la Ley N° 26.737 de Tierras rurales porque según el nuevo gobierno “limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”.
Dicha ley fue sancionada y promulgada en diciembre del 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y establece límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales.
La norma considera tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino, limita al 15% el porcentaje de tierras que podían tener los extranjeros y fija un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo.
La misma había sido modificada en 2016 por Mauricio Macri ni bien asumió y eliminaba la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. De este modo, se había habilitado la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional.
Respecto a la derogación de esta ley, Carriqueo expresó: “Ese es el único botín que ellos quieren porque lo que buscan es el negocio de la tierra, el negocio de los recursos, la desregulación financiera. Estamos al frente del inicio de un saqueo”.
“La extranjerización de la tierra es algo que viene ocurriendo pero que esto lo habilita. Si uno analiza lo que pasó en la década infame o después de la campaña al desierto con la entrega de tierra a los extranjeros como las estancias inglesas del sur, que obtuvieron 1 millón de hectáreas, es eso lo que ellos pretenden”, precisó el vocero mapuche.
En esta línea condenó: “Este es un gobierno de pibes chetos que pone la cara y hacen toda la comunicación pero atrás están los viejos cuervos de siempre que vienen por la tierra, por los minerales, por las montañas y por el agua”.
Por último, Carriqueo consideró que “el Gobierno tiene que reflexionar porque las medidas que ha anunciado han generado un descontento generalizado. La inflación y la crisis económica se los va a llevar puestos porque son los promotores de esa crisis”.
“Más allá de todas las medidas económicas, financieras y judiciales que hay el mayor peligro es que se pierda la democracia”, reflexionó y sostuvo que la sociedad “debería empezar a tomar nota de quiénes son los diputados y senadores, qué hacen porque de traidores y panqueques la clase política está plagada”.
“No le veo mucho futuro al gobierno con el plan que tiene. Muy alejados del gobierno de facto no están, Milei cree que es un rey y que puede gobernar por decreto. Pero estamos en una democracia y hay que cuidarla”, finalizó.
Comunicado Confederación Mapuche de Neuquén
Tras la promulgación del mega DNU, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado y advirtió que “el pueblo nación mapuche se asume bajo estado de amenaza ante una presidencia que promueve odio racial y que busca privarnos de derechos que han sido ganados a costa de vidas que han quedado en las rutas o en los territorios”.
“No hay ningún gobierno que haya logrado imponer una política a palos porque ningún pueblo deja hijos librados a la represión y a la muerte”, expresaron sobre el protocolo anti-piquetes y rechazaron el DNU.
“Bajo la falsa apelación a la necesidad y urgencia intenta arrasar con derechos básicos, habilita la venta de bienes comunes ambientales y científicos, atenta contra derechos gremiales y laborales, lesiona gravemente el sistema de salud y rompe las reglas fundantes del sistema democrático”, manifestaron.
Por último, sentenciaron: “Hemos vivido un sistema democrático débil, incompleto, desigual, que ha impedido que las naciones indígenas ocupen el lugar que nos corresponde. Pero con todas esas falencias que son reparables con la movilización popular, este sistema desaparece ante un autoritarismo represor, clasista, racista y organizado para una mayor explotación a manos de los grupos de poder económico concentrados”.
Comunicado del Tercer Malón de la Paz
En la misma línea el Tercer Malón de la Paz, conformado por comunidades indígenas de Jujuy, expresaron su preocupación y rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia “por inconsulto y violatorio a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, lo consideramos improcedente, inconstitucional”.
“La Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011 expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras”, indicaron y precisaron que la derogación de la misma “conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros”.
“Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables: comunidades indígenas podrán ser expulsadas por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el deslizamiento de la explotación hidrocarburífera”, detallaron.
También cuestionaron la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera porque “implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto”.