Por decisión de la Corte, Suárez y Pesce se enfrentarán cara a cara por el cepo al dólar
El máximo tribunal convocó al gobernador de Mendoza y al presidente del Banco Central a una audiencia de conciliación en el marco de la causa en la que la provincia cuestiona la prohibición para acceder al Mercado Único Libre de Cambios para afrontar vencimientos.
Por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Secretaría de Juicios Originarios del Tribunal convocó al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, a una audiencia de conciliación en el marco de la causa en la que la provincia cuestiona la prohibición para acceder al Mercado Único Libre de Cambios (MULC).
Al igual que la provincia de Córdoba, Suárez sostuvo que la Comunicación “A” 7782 del BCRA imposibilitaría cumplir con el pago de sus deudas públicas, cuyo vencimiento opera el 19 de septiembre próximo.
Mendoza inició una acción contra el Estado Nacional y el BCRA en la que solicitó que se declare si está alcanzada por la norma, la cual dispuso que el punto 3.17 de las normas de "Exterior y Cambios" del Central, sobre refinanciación de vencimientos de capital de pasivos en moneda extranjera, resultará aplicable a partir del 2 de junio de 2023 “a los vencimientos de capital de los gobiernos locales que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior o a emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera, le resulta aplicable”.
En caso de estar comprendida por dicha Comunicación, la provincia solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la norma dictada por el BCRA al entender que causa serias restricciones para que la provincia acceda al Mercado Único y Libre de Cambios y pueda adquirir los dólares para cancelar en tiempo y forma su próximo vencimiento.
Para el gobierno mendocino, “implica que un órgano nacional ejerce competencias delegadas de manera abusiva, inmiscuyéndose en la autonomía administrativa y financiera de la provincia, atentando contra la buena fe y lealtad federal, pilar de la Constitución Nacional”.
Desde 2016, la provincia contaba con una deuda original en dólares con títulos bajo denominación PMY2024, que fue refinanciada en el 2020, operación que fue autorizada por la Nación. A raíz de ello se emitieron nuevos títulos -también en dólares- bajo denominación PMM29, los cuales tienen un próximo vencimiento de capital y servicios programado para el 19 de septiembre de 2023, informaron fuentes judiciales.
En el caso, la Procuración General de la Nación dictaminó que, “en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito”, la cuestión corresponde a la competencia originaria de la Corte. Por eso, el máximo tribunal instruyó a que se convoque a las partes a una audiencia que se celebrará en el ámbito de la Secretaría de Juicios Originarios el próximo miércoles, a las 12 horas.