Plan anti privatizador: desde la oposición proponen crear una Empresa Federal de Litio
En plena desregularización de la economía aplicada por el Presidente Javier Milei, surge una propuesta para no dejar librado a extranjeros la explotación de un recurso clave para el futuro. Quién la ideó y cómo se aplicaría.
En medio de la avanzada del gobierno de Javier Milei en la desregulación de la economía y el corrimiento del Estado de la escena nacional, la oposición no se resigna y plantea una resistencia discursiva que tiene un correlato en la calle con distintas movilizaciones. No obstante, hay algunos sectores que ya avanzan en propuestas para contrarrestar las medidas libertarias.
Una de ellas tiene que ver con la explotación del litio en el país, que asoma como un mineral fundamental para el avance de los sistemas de almacenamiento energético que sostienen la electromovilidad y el funcionamiento de las nuevas tecnologías en todo el mundo. Por eso su demanda es creciente y su manejo estratégico.
"El litio es estatal, es propiedad de los estados provinciales pero hay que poner una defensa. No voy a permitir las ideas de Milei que pretendan avasallar las instituciones y los derechos de recursos de los argentinos", aseguró en diálogo con FM Delta 90.30 el Director del Instituto Consenso Federal y exdiputado nacional, Alejandro “Topo” Rodríguez.
La iniciativa surgió después de las declaraciones de Milei sobre la posible llegada de Elon Musk para avanzar en el negocio del litio tras las reformas de marcos jurídicos para que empresas y empresarios extranjeros.
Según indicó Rodríguez, Argentina ocupa la cuarta posición global en el ranking de productores mundiales de litio y ya operan en el país tres proyectos en fase de producción, con empresas nacionales y extranjeras: de Estados Unidos (Livent) y de Australia (Alikem), además de una sociedad argentina en la que tienen acciones una empresa canadiense y una china.
Por otra parte, indicó que unos 35 proyectos avanzan con inversiones pero aún sin haber iniciado la fase productiva. Hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha involucrado. A través de BIDInvest, ya se está financiando un proyecto de litio en Catamarca, denominado “Sal de Vida”.
“En el caso del litio, lo que se decida y ejecute en los próximos dos años puede marcar el destino de ese recurso argentino, propiedad de las provincias. Se sabe que Milei intentará ejercer presiones para abrir la cancha a los negocios que ya anunció. Ante ello, no sirve sólo oponerse sin más. Corresponde tener una respuesta seria, racional y rápida”, aseguró el “Topo”.
En este sentido, el exdiputado plantea que varias provincias argentinas, propietarias del litio, pueden asociarse para constituir una empresa estatal: la empresa federal de litio argentino. India, Arabia Saudita, Turquía y Rusia son algunos de los países que cuentan con empresas estatales de litio. Bolivia tiene también su empresa estatal, Yacimientos de Litio Bolivianos (YTB), creada en 2017 bajo la dependencia del Ministerio de Energía.
México cuenta con LitioMx (Litio para México), un organismo estatal creado hace dos años para la exploración y explotación del litio mexicano. En Chile ya están en marcha los planes para que la estatal CODELCO (especializada en cobre) y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), expandan con más fuerza sus actividades hacia el sector del litio.
En Argentina existen y funcionan dos empresas estatales provinciales de litio: Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN). Rodríguez señala que ambas podrían asociarse con EMSE, de La Rioja (Energía y Minería Sociedad del Estado), y con REMSa S.A. de Salta (Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A.), para “neutralizar o ponerle límites a una política pública primaria de entrega”.
La nueva empresa, podría, según Rodríguez, definir una estrategia de integración productiva con la cadena de valor; decidir asociarse a capitales privados, nacionales o extranjeros, seleccionando de manera exigente en qué proyectos de inversión participar; y abrir su propio capital accionario al sector privado, nacional o extranjero, asegurando siempre un mínimo del 51% de participación estatal provincial.