El fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el auxiliar fiscal Pablo Fermento apelaron la resolución del juez federal de esa ciudad Walter López da Silva, quien dictó el sobreseimiento del empresario periodístico Vicente Massot, exdirector del diario La Nueva Provincia. 

Massot está imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, y por haber integrado una asociación ilícita con las autoridades militares en el desarrollo de tareas de acción psicológica sobre la población durante la última dictadura cívico militar para instigar al genocidio.

Los integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca consideraron que “a paso seguido de que la decisión recurrida enuncia que ‘las probanzas reunidas… permiten arribar a la certeza negativa acerca de la comisión de los delitos antes señalados’, reconoce que lo que en realidad gravita en el sentenciante es un estado de duda, al señalar que tales probanzas ‘no tienen entidad suficiente como para continuar sujetando al imputado a la presente pesquisa ni para justificar el avance de las actuaciones a las subsiguientes etapas del proceso’”. 

Al respecto, sostuvieron los fiscales que "ningún tipo de análisis en el caso concreto, que lo lleve a concluir que la duración del proceso ha devenido irrazonable para el acusado Massot”.

El disctamen afirmó que la prueba reunida en el caso “es concordante y contundente” y, en tal sentido, remarcó que tras el dictado de la falta de mérito del imputado se incorporaron catorce nuevas pruebas documentales, entre ellos los informes del agente secreto de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, Enrique Arancibia Clavel, que mencionan a Massot como un contacto en Buenos Aires en 1974.

“Resulta arbitrario afirmar que no habrán de colectarse nuevos elementos de convicción, cuando en la última etapa de instrucción –lejos de un estancamiento de la investigación– se produjeron continuos avances probatorios”. 

“Resulta arbitrario afirmar que no habrán de colectarse nuevos elementos de convicción, cuando en la última etapa de instrucción –lejos de un estancamiento de la investigación– se produjeron continuos avances probatorios”, señalaron los representantes del MPF.  Añadieron que recientemente se conoció en redes sociales un elemento aun no incorporado al expediente.

Se trata de una entrevista realizada por Abel Escudero Zadrayec al almirante Jorge Isaac Anaya, exjefe de la Armada e integrante de la junta militar de gobierno entre 1981 y 1982, quien contó que Massot le "pidió que le recortase unas escopetas".

Tras enumerar todas las pruebas incorporadas, los fiscales concluyeron en que “la gravedad de los delitos enrostrados, la importancia institucional que revisten estas causas en función de la responsabilidad internacional asumida por el Estado en el juzgamiento y la sanción adecuada de las graves violaciones a los derechos humanos, y el derecho de las víctimas y la comunidad a conocer la verdad histórica, resulta imperioso que el mérito de la acusación que pesa sobre Massot sea evaluada en etapa de juicio oral y público”.