La Fiscalía Federal de Bariloche, a cargo de la fiscal federal interina María Cándida Etchepare, explicó los motivos por el cuál solicitó el desalojo de los siete predios usurpados en el sur y derivó en “el conflicto Mascardi”, donde un grupo de personas reclaman como propias diversas tierras públicas y privadas.

Según se detalló en el dictamen fiscal al que tuvo acceso Data Clave, el reclamo se originó "en una visión que tuvo, en 2017, una niña de por entonces 16 años, que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche". En esa oportunidad la joven soñó que "sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse".

El texto fiscal resaltó que la comunidad no canalizó sus reclamos por las vías de derecho, no se inscribió ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada, como es el procedimiento habitual previsto por la ley y resoluciones que regulan la materia. 

"Si bien esta Fiscalía Federal ha solicitado en reiteradas oportunidades el desalojo de varios de los predios a lo largo de los años desde que se iniciara la primera usurpación en 2017, en esta última oportunidad ello obedeció, puntualmente, a los hechos ocurridos desde la noche del 25 de septiembre pasado en adelante", se especificó. 

Al respecto, la fiscalía recordó que ese día, un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas y armadas con piedras y armas de fuego atacaron a un grupo de cinco gendarmes que custodiaban el último de tales lotes, “Los Radales”, desde el 13 de septiembre y a pedido de esta sede. Ello obedeció a que el 1° de agosto fue incendiada intencionalmente la cabaña del lugar de modo tal que lo que se pretendió con la custodia solicitada al Ministerio de Seguridad de la Nación fue evitar que se siga extendiendo la usurpación, como ha ocurrido a lo largo de los años en los lotes circundantes.

"El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo", dijo la fiscal.

Al respecto, agregó que "a lo largo de todos estos años, jueces, fiscales federales y provinciales, empleados judiciales y del MPF, guardaparques, policías federales, policías de seguridad aeroportuaria, gendarmes, policías de Río Negro, peritos, directivos de Parques Nacionales, veedores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hasta la propia gobernadora de la provincia han sido directamente atacados al intentar acercarse a los predios a cumplir con distintas medidas ordenadas en las causas judiciales".

Detención y traslado de las mujeres a Ezeiza

Tal como ocurrió durante el primer desalojo de noviembre de 2017, fueron algunas mujeres y los niños y niñas de la comunidad quienes permanecieron en el terreno, mientras que todos los varones se dieron a la fuga montaña arriba, pese al despliegue de grupos tácticos en la zona alta de la montaña y a la gran cantidad de efectivos presentes en el lugar para intentar cubrir tan amplio territorio sin armas letales.

Por ese motivo, "se procedió a la detención de siete mujeres, una de ellas con un avanzado embarazo y dos con bebés lactantes en sus brazos, quienes fueron trasladadas a las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con excepción de la mujer embarazada, que fue alojada en el Hospital Zonal, donde permaneció con asistencia de su partera hasta el día en el que se le concedió la prisión domiciliaria el pasado 8 de octubre". 

El martes, la Fiscalía Federal fue anoticiada por autoridades del Hospital Zonal de que la mujer rompió bolsa en la noche del lunes 10 y que decidió parir en la ruca del Consejo de Comunidades Indígenas (CoDeCI), en donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria, con la ayuda de su partera; el niño o niña no ha nacido aun.

El motivo por el cual las detenidas fueron trasladadas a la sede de una fuerza de seguridad es que el Servicio Penitenciario Federal solo tiene tres cárceles de mujeres en el país: una en La Pampa, una en Formosa y una unidad en Ezeiza.

A su vez, el Servicio Penitenciario provincial no tiene ninguna cárcel de mujeres, tan solo un pabellón en la cárcel de varones de General Roca. "Esta situación será puesta en conocimiento de las autoridades del SPF y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, de modo tal que adopten las políticas públicas tendientes a garantizar concretamente los derechos de las mujeres sometidas a procesos penales", indicó la fiscal.

Fue así como cuatro de las mujeres detenidas (con excepción de las dos con un niño y una niña lactantes) fueron trasladadas por disposición de la Jueza actuante a la cárcel de mujeres de Ezeiza, por ser la dependencia más accesible en relación con esta ciudad en la cual podía alojárselas, en el entendimiento de que es indispensable evitar en la medida de lo posible la detención de personas en comisarías u otros establecimientos penitenciarios similares.

Finalmente, con el aval de esta Fiscalía, se concedió la prisión domiciliaria a cuatro de ellas (incluyendo a la mujer embarazada que estaba internada en el Hospital Zonal), mientras dos continúan detenidas en la sede de la PSA por pedido de sus abogados defensores, que brindaron su consentimiento para que sean alojadas en esas instalaciones.