“Profunda preocupación pública”. Trece organismos de derechos humanos le enviaron una nota al presidente del Consejo de la Magistratura y juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, donde pidieron explicaciones sobre el rol que pudo haber tenido la jueza civil Agustina Díaz Cordero en el plan para liberar genocidas.

Tal como reveló Data Clave, el 11 de julio pasado los diputados y diputadas de La Libertad Avanza María Fernanda Araujo, Lourdes Micaela Arrieta, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci visitaron a Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Adolfo Donda Tigel, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Raúl Antonio Guglielminetti, Honorio Carlos "Pájaro" Martínez Ruíz, Manuel Juan Cordero Piacentini, Gerardo Arráez, Miguel Ángel Britos, Mario Marcote, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Marcelo Cinto Courtaux y Julio César Argüello.

Todo ellos fueron condenados por delitos de lesa humanidad en la Argentina y cumplen condena efectiva en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La visita se dio tras una serie de encuentros entre legisladores, un cura, abogados y exfuncionarios judiciales que venían debatiendo desde marzo un plan para conseguir la libertad de los genocidas detenidos. En los chats, se mencionaba a la vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero. Los organismos hicieron foco en esa mención, que se dio en el marco de los preparativos de esa visita.

“Cabe recordar que el artículo 41 del Reglamento de Concursos Públicos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del poder judicial de la nación establece como criterio de selección de las y los magistrados su vocación democrática y por los derechos humanos", resaltaron los organismos.

“Por otro lado, el artículo 2 de la Ley 25.188 obliga a las y los magistrados, entre otros, a cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno” aseguraron.

De esta forma, le solicitaron a Rossati y el resto de los integrantes del Consejo que investiguen exhaustivamente los hechos “y la participación de Díaz Cordero en ellos” así como que se aclara públicamente lo sucedido.

El pedido de los organismos de derechos humanos se da en el marco de la polémica por la visita de seis diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para reunirse con genocidas. Durante la sesión del último miércoles en la Cámara de Diputados, desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron una iniciativa para tratar la expulsión de dichos legisladores libertarios, pero fue rechazada con 121 votos en contra, sobre 102 a favor. Lo curioso fue que una de las diputadas que formó parte de la comitiva, Rocío Bonacci, votó a favor de autosancionarse.