Opiniones cruzadas por la responsabilidad presidencial: ¿puede prosperar una denuncia penal?

Las repercusiones por la promoción que Javier Milei hizo de una criptomoneda que terminó desplomándose y dejando a miles de inversores con pérdidas no paran. En los whatsapp y redes sociales relacionadas con el derecho se debate si el mensaje que fijó el presidente en sus redes para publicitar $LIBRA configuró algún delito penal o si es razón suficiente para configurar un mal desempeño de sus funciones.

Mientras varios sectores de la oposición impulsan una investigación en el Congreso, se espera también que el lunes sean presentadas diversas denuncias en Comodoro Py contra el mandatario, después de que se comprobara que el token subió de valor tras el respaldo, pero minutos después se derrumbó.

El episodio ocurrió el viernes por la tarde, cuando Milei publicó mensajes en sus cuentas de X e Instagram promocionando la criptomoneda. La repercusión fue inmediata: el valor del token se disparó, atrayendo a nuevos compradores. Sin embargo, en cuestión de minutos, la cotización cayó abruptamente, generando grandes pérdidas para los pequeños inversores y ganancias millonarias para un grupo reducido de operadores. Luego de varias horas sin pronunciarse, el Presidente eliminó sus publicaciones y aseguró: "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme informado, decidí no seguir dándole difusión".

La primera oficialista que intentó algún tipo de defensa penal y política fue Marcela Pagano, quien supuestamente preside la comisión de Juicio Político (aunque su lugar generó una grieta y prácticamente no se ha juntado). En su mensaje, trató de restarle importancia a lo que tuiteó el presidente, esgrimiendo que se trataba de una cuestión por fuera de su rol en el Ejecutivo.

“El presidente no tiene un trabajo de 9 a 18, con lo cual esgrimir que lo que dice o promociona desde sus redes no es parte de su función es simplemente una burrada”, explicó a Data Clave un fiscal que trabaja en Comodoro Py hace más de diez años.

“Difundir un emprendimiento privado, más allá del acierto u error, es parte de la discrecionalidad de las competencias ejecutivas. Recurrentemente los presidentes y los funcionarios han asistido, por ejemplo, a inauguaraciones, ferias, eventos, para promocionar actividades que consideran que contribuyen al bien común. No existe posibilidad alguna para que se verifique en este caso una infracción de deber”, sosotuvo el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, quien desde sus redes ha defendido en varias oportunidades las actitudes del presidente.

Ante esto, el abogado penalista Gustavo Feldman planteó que debe hacerse una investigación penal en profundidad ya que podría haber abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De acuerdo al artículo 248 del Código Penal, “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”

Otro abogado que salió en defensa de la conducta de Milei fue Francisco Oneto, que aseguró que la conducta presidencial “no configura ningún delito por ausencia de dolo” y que el dolo es “conocer que con el comportamiento propio se va a cometer un delito y aún así seguir adelante”.

No obstante, en tribunales afirman que el dolo puede interpretarse de forma más amplia y hasta se animan a analizar algunos de los datos que se conocieron en las últimas horas. “Si se comprueba que la página se creó 3 minutos antes de que la publicitara el presidente, que es economista y que se ha candidateado a si mismo como un premio nobel, es extraño que no se diera cuenta del trasfondo y de la poca estabilidad de lo que estaba promocionando”, sostiene el fiscal.

También destacaron dentro del Código Penal el artículo 309, que sostiene que será reprimido de 1 a 4 años de prisión quien “realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio”.

Ese delito también abarca a quien "ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas.

Para el extitular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, una denuncia contra Milei podría abarcar también la nvestigación por lavado de activos. “Resulta imperativo llevar a cabo una investigación penal exhaustiva y rápida. Es fundamental identificar a los presuntos responsables, analizar sus vínculos—comerciales, financieros, societarios y políticos—y, sobre todo, seguir la trazabilidad del dinero. Si este esquema constituyó efectivamente un fraude, en este momento los activos ilícitos derivados del mismo podrían estar siendo objeto de operaciones de lavado”, consideró.

El frente local no seríe el único: la firma Burwick Law, especializada en litigios relacionados con criptomonedas, lanzó una convocatoria dirigida a damnificados para explorar posibles acciones legales. "Si perdió dinero en $LIBRA, comuníquese con Burwick Law para conocer sus derechos legales", publicaron en sus redes. Los destinatarios de la demanda podrían ser desde los creadores del token hasta el presidente argentino, cuyo rol en la promoción del asunto fue clave para que se hiciera conocida.