El proyecto para derogar la reforma jubilatoria de los trabajadores del BAPRO, sancionada cinco años atrás, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, obtuvo dictamen favorable de la comisión de Previsión y Seguridad Social. De esta manera, la puja interna de Juntos quedó a punto de enfrentar un nuevo capítulo en los próximos días en la Legislatura bonaerense.

Se trata de una iniciativa crucial para el gobernador Axel Kicillof que ya provocó roces en la oposición y, al parecer, los seguirá generando.

Sucede que el oficialismo planteó una serie de modificaciones en busca de lograr el consenso y abrió el debate interno en la oposición. Las diputadas Johana Panebianco (PRO), Melisa Greco (UCR) y Vanesa Zuccari (UCR) entraron decididas a rechazar el dictamen. Sin embargo, tras la intervención de la legisladora Susana González (FdT), las representantes radicales tomaron la decisión de abstenerse. Una postura que no cayó para nada bien en el PRO.

“Desde el PRO rechazamos la constante política de parche y deficitaria del kirchnerismo. La Ley para la caja del BAPRO que impulsa Kicillof es injusta para una Provincia con 45% de bonaerenses bajo la línea de pobreza. Hasta 2017 esta caja deficitaria la pagaban todos los bonaerenses. Vidal logró cambiar esta injusticia que ahora quieren volver para atrás, sin discutir lo profundo ni lo estructural”, aseguró Panebianco

González propuso establecer el haber jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia en un 70% y 75% según las tareas que el afiliado acredite en la caja, calculado sobre la base del mejor cargo durante cinco años. Su intervención modificó el clima interno y logró desunir a la oposición.

“Las tres entraron con la idea de rechazar, pero ahora confío en que el radicalismo acompañe. Es un proyecto superador. La abstención en una comisión no significa que todos el bloque vaya para el mismo lado”, le dice González a Data Clave. Ahora el proyecto pasará a Asuntos Constitucionales, la comisión presidida por la misma legisladora.

Cabe recordar que Kicillof envió en julio pasado un proyecto para derogar la reforma jubilatoria del Banco Provincia que impulsó María Eugenia Vidal y crear un nuevo régimen que le devuelve beneficios como el 82% móvil a los trabajadores y que, además, cambia la forma de financiamiento de la esa caja en busca de revertir el déficit. Sin embargo, por el momento no se pudo avanzar.

Lo que viene por delante es una discusión interna de peso. No solo entre el PRO y la UCR sino para adentro del propio partido amarillo. Son muchos los legisladores que no quieren modificar la ley debido a que se trató de una iniciativa de Vidal. La actual diputada nacional llamó a no acompañar el proyecto. Y sus delfines en la Legislatura cumplieron.

Sin embargo, en la previa, había un acuerdo ya cerrado entre el entonces interlocutor del PRO, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el ejecutivo provincial. Como no se respetó, el jefe comunal abandonó su rol. “La ley de María Eugenia (Vidal) que cambió el régimen de las jubilaciones del Banco Provincia ya tuvo alrededor de 4 mil medidas cautelares y la mayoría de los juristas consultados dicen que hay un fuerte riesgo de que se decrete la inconstitucionalidad y que hay que buscar una corrección. Lo acordamos con el radicalismo, con la Coalición Cívica, internamente con los diputados y senadores del PRO. Después hubo otra decisión de la dirigencia nacional”, aseguró Grindetti en las últimas horas consultado por un medio nacional.

Internamente el PRO tiene distintas miradas al respecto. “No se trata de qué es mejor para la gente o de buscar un consenso. No quieren dar los votos para no desautorizar a Vidal”, le dice a este medio un dirigente provincial del partido amarillo. Ahora resta saber qué decisión tomará el radicalismo.