Claudio Astorga, un militante de la agrupación Pueblo Unido y vecino del barrio de Berazategui, que el pasado 10 de abril marchaba junto a sus compañeros en demanda de alimentos para los comedores sociales, en una jornada de protesta convocada por todas las organizaciones sociales al edificio donde funcionaba el exministerio de Desarrollo Social, que hoy se encuentra subsumido dentro dela cartera de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello. De forma imprevista, la columna que integraba fue abordada por la guardia de infantería en el cruce de la avenida Belgrano y Bernardo de Irigoyen.

En medio de las corridas, Claudio, de 39 años, que había quedado rezagado asistiendo a sus compañeros, sintió un impacto en la espalda y otro en la cara. Notó que le sangraba el tabique y que le dolía un ojo. Días después, tras varias atenciones en el hospital Santa Lucía, le anunciaron que había perdido la visión de ese órgano. 

Este hecho le fue referido a Data Clave por un compañero, y sirve para ilustrar cómo la represión ejecutada por las fuerzas de Seguridad ese día en el centro porteño, cortó todo diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales, que el miércoles se reunirán para definir nuevas acciones, contra las bajas en los planes y en reclamo de alimentos para los comedores que administran en los barrios golpeados por los efectos de la crisis social.

“Ese día, el de marcha, nos habían prometido una reunión con la gente de Capital Humano. Nos iba a recibir Pablo de La Torre (titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia). Nos dijeron que armáramos una lista con siete dirigentes de las organizaciones y cuando estábamos en eso, comenzó la represión. Creo que todo fue una distracción. Desde entonces, no tenemos diálogo”, señaló a Data Clave, Silvia Saravia, dirigente de la organización Libres del Sur.

Saravia afirmó que la demanda de alimentos persiste y la mercadería que debe enviar el gobierno no llega como sucedía hasta antes del inicio del gobierno de Javier Milei. “Nos estamos arreglando con lo que tenemos. Recibimos donaciones, ayuda de algunos municipios y también hacemos lo que podemos con los aportes de los vecinos y la gente de las organizaciones”, indicó.

No obstante, la referente de Libres del Sur aseguró que pese a los problemas de provisión que tienen por parte de Capital Humano, el funcionamiento de los comedores “no se puede interrumpir”, sobre todo en un contexto en el cual apremian las necesidades frente a las subas de precios y los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.

“Hay comedores en los cuales se organizan para seguir cómo pueden. Donde se hacían tres comidas, ahora se hacen dos o una. Pero tenemos que sostener y seguir”, resumió Sararvia.

A principios de mes, el gobierno oficializó su decisión de desdoblar la ayuda social en dos programas. Uno es el “Volver al Trabajo”, que reemplaza al “Potenciar” y que pasará a depender de la Secretaría de Trabajo, y “Acompañamiento Social”, que dependerá de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El primer programa tendrá más de un millón de beneficiarios y estará destinado a las personas que tienen entre 18 y 59 años. Mientras que el de “Acompañamiento Social" contendrá a  200 mil personas de entre 50 y 64, y a las madres de cuatro hijos mayores de 18 años.

“Creemos que si se aplican los criterios que quiere el Gobierno puede haber un montón de bajas. Le dicen a la gente que no puede usar otra tarjeta para cobrar y que no pueden salir del país. Hay personas que hacen changas y cobran por mercado pago, que es una manera de manejar la plata que está muy extendida entre los sectores populares. Muchos jardineros se manejan así, y si reciben un plan se pueden quedar sin nada”, advirtió Marianela Navarro, dirigente del Frente de Organizaciones el Lucha (FOL).

Fuentes vinculadas a las organizaciones estiman que los últimos despidos que se produjeron últimamente en la Secretaría de Trabajo pueden dificultar la liquidación de los montos que deben recibir los beneficiarios de la asistencia social.

Pese a difícil coyuntura social que deben sortear, las organizaciones sociales referenciadas en el peronismo, la izquierda e independientes, mantienen desde hace meses un frente común ante las políticas sociales que implementa el gobierno libertario.

“No hay diálogo con el Gobierno, pero tenemos la convicción de que tenemos que seguir unidos entre todos para seguir reclamando respuestas”, afirmó a Data Clave Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). El miércoles, en la sede de esta organización se realizará una reunión entre todas las organizaciones sociales para definir nuevas acciones de protesta con el objetivo de mantener el reclamo de asistencia para los comedores. Mientras tanto, las agrupaciones confirmaron que el próximo martes participarán en la marcha nacional universitaria contra el desfinanciamiento que el gobierno impone en las casas de altos estudios.

“Hay mucha preocupación por la continuidad de los programas y mucha incertidumbre con el tema de los comedores a los que no les llegan los alimentos. En los barrios estamos empezando a ver situaciones de violencia que se producen cuando a la gente les decimos que no les podemos ofrecer qué comer porque no nos alcanza para todos”, puntualizó Gramajo.