En un nuevo capítulo de su cruzada contra los que define como “curros” dentro del sector público, el presidente Javier Milei lanzó una serie de declaraciones contundentes dirigidas a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a sus detractores, asegurando que no habrá tregua en las auditorías de las universidades nacionales. “Los chorros no van a tener paz en Argentina”, afirmó el mandatario durante una entrevista en Radio Mitre, destacando que su administración buscará a los responsables de presuntos manejos indebidos de fondos “hasta el último rincón del país”. En sus palabras, la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en la UBA tiene como objetivo descubrir irregularidades en el uso de los recursos públicos.

El conflicto escaló cuando la UBA decidió llevar el caso a la Justicia, alegando que el plan del Gobierno viola el principio constitucional de autonomía universitaria. Desde la universidad, el rector Ricardo Gelpi señaló que la intervención de la SIGEN es “una medida unilateral” que amenaza su independencia. En su defensa, la UBA recordó que ya se encuentra bajo control de la Auditoría General de la Nación (AGN) y otros organismos, y destacó que presenta reportes financieros mensuales y semestrales a diferentes instancias gubernamentales.

Milei, por su parte, sostiene que la resistencia a las auditorías responde a intereses ocultos y acusó a las autoridades académicas de ser cómplices de un sistema de corrupción. En sus palabras, “se esconden detrás de esas carteras nobles de la sociedad para proteger sus curros”. Esta no es la primera vez que el presidente arremete contra el ámbito académico, en el último año, su administración ha reducido en términos reales el presupuesto universitario, lo que ha desencadenado protestas, paros y tomas en varias facultades.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se sumó a las críticas del gobierno hacia la UBA, señalando que, al oponerse a las auditorías, las universidades están “violando los derechos de los estudiantes”. Según Álvarez, ya existían antecedentes de auditorías previas de la SIGEN en el sistema universitario, como en la Universidad de Tucumán, donde se detectaron “fuertes irregularidades”. El funcionario cuestionó por qué en aquel momento no hubo objeciones, y ahora la UBA parece buscar protegerse ante el escrutinio del Estado.

A pesar de las acusaciones de que su administración buscaría privatizar o imponer aranceles en las universidades, Milei negó rotundamente tales intenciones. “Nunca se quiso privatizar ni arancelar”, aseguró. No obstante, justificó la supervisión de los fondos públicos bajo el argumento de que el Estado tiene derecho a conocer en qué se emplea el dinero que anualmente se destina a las instituciones educativas.

La confrontación con la UBA es solo uno de los choques recientes entre el Gobierno y el ámbito universitario. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hasta sindicatos docentes y gremios estudiantiles, se ha formado un bloque de oposición ante la embestida oficialista y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores del sector. Además, en medio de una inflación desbordada, se ha denunciado que el presupuesto universitario ha sufrido una merma significativa, poniendo en riesgo programas de investigación y becas.

Las recientes declaraciones de Milei también reflejan un enfoque político más amplio. Según el presidente, su administración está ganando “las batallas culturales” y enfrentando “leyes irresponsables” como las aprobadas por el Congreso para aumentar los fondos de las jubilaciones y universidades. Argumenta que estos incrementos sin respaldo financiero solo contribuyen a la inflación y al déficit fiscal, razón por la cual su gobierno vetó estas disposiciones.