Milei busca profundizar el ajuste esquivando al Congreso, pero pierde fuerza la consulta popular
El Presidente busca profundizar su programa de ajuste fiscal y evalúa distintas alternativas que no involucren al Parlamento. El plebiscito sigue en pie, pero no como primera opción. ¿Gobernar por DNU?
El Gobierno no puede aplicar su plan de ajuste fiscal -con toda su densidad- y sufre un estancamiento desde la reprobación del proyecto de “Ley Bases”. En ese marco, Javier Milei busca nuevas opciones para poder proceder con su política de “shock”.
El jefe de Estado dio por terminadas las negociaciones con los bloques dialoguistas y en estos días mostró su furia recargada contra la “casta”. Empezó con críticas a los diputados que no acompañaron los artículos en particular y luego se dirigió directo contra los gobernadores.
En el Congreso algunas voces presagiaban que esto podía ocurrir. “Nosotros nos indagamos si este trabajo que estamos haciendo en el Congreso es de interés del Gobierno, porque en las declaraciones públicas vemos que lo único que hacen es echarle la culpa a la política”, le había dicho la diputada radical Gabriela Brouwer a Data Clave, cuando recién se empezaba a tratar el proyecto de “Ley Bases”.
Sectores de la oposición sospechan de que Milei encontró lo que buscó desde un principio: distraer a la política para luego echarle la culpa por la reprobación de un proyecto que no pasó el filtro en sus tópicos más importantes, desde la eliminación de la fórmula provisional pasando por el aumento de las retenciones.
“No vinimos acá a seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre. No vinimos acá a hacer pactos espurios en contra de los intereses de los Argentinos. Y no vamos a ser cómplices del juego de los mismos parásitos de siempre que viven a costa de los Argentinos”, fue el último mensaje de Milei que adelanta un giro en su forma de gestionar.
El problema es que la lapicera del Presidente también tiene límites. Lo mostró el Congreso y también la lluvia de amparos que hasta ahora le pusieron un freno a temas centrales del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Un aspecto clave es la reforma laboral. La propia Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a un amparo de la CGT y la declaró inválida. Incluso hubo una cautelar de la AFA para evitar la instalación de Sociedades Anónimas.
En la cabeza del Presidente todavía deambula la posibilidad de llamar a una consulta popular. “No se descarta”, le dijo a Data Clave una persona cercana a Milei, quien además sostiene que la misma “es constitucional”. El polémico diputado del PRO, Gerardo Milman, ya preparó el terreno y envió dos proyectos de Ley para que el Congreso y el Presidente utilicen esta herramienta.
Hay dos diferencias centrales: el Presidente de la Nación puede llamar a una consulta popular “no vinculante”. ¿Qué quiere decir? Que lo que se vote en esa consulta, en caso de ser afirmativo, no será sancionado con fuerza de ley. Sí le servirá al jefe de Estado como una presión sobre los legisladores para que vuelvan a tratar la “Ley Bases” y cedan lo que anteriormente resistieron.
La consulta popular “vinculante” es una facultad que tiene el Congreso. Es el propio Parlamento el que debe convocarla y requiere la aprobación de ambas cámaras en sesiones ordinarias especialmente llamadas para debatir la cuestión. Es decir, podría tratarse a partir del 1° de marzo, luego de que Milei de un discurso ante la Asamblea Legislativa.
El resultado de una consulta popular vinculante tiene fuerza de ley, pero para eso se debe obtener el voto afirmativo de al menos el 35% del padrón habilitado. Quien se encuentre al frente de la Presidencia debe acatar el resultado surgido de la votación, que tiene carácter obligatoria. En la Consulta Popular “no vinculante” ni siquiera es obligatorio el voto.
En el interior del Gobierno no ven con buenos ojos utilizar esta herramienta y es lo que lo frena a Milei. Temen que el resultado sea adverso y que invalide la legitimidad de origen que tiene un Gobierno para aplicar su modelo. Otro paso en falso en tan poco tiempo de gestión podría marcar el final antes de empezar. Las personas que rodean al Presidente le aconsejan seguir por el camino de los DNU, una práctica mucho más habitual a la que recurrieron todos los gobiernos de turno. Y por ahora gana esta idea.
Un solo antecedente
En Argentina hay un único antecedente de consulta popular no vinculante y se llevó a cabo diez años antes de la última reforma constitucional.
El 25 de noviembre de 1984, la ciudadanía fue convocada por el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín para aceptar o rechazar el laudo papal que instaba al diálogo diplomático con Chile para dirimir una disputa soberana sobre el canal de Beagle, situado al sur de ambas naciones.
El 82% de quienes fueron a las urnas ese día optó por el "Sí" a la negociación bilateral. Si bien esta opinión no era de cumplimiento obligatorio, tuvo un fuerte significado político: a partir de allí, y tras la ratificación por parte del Congreso Nacional a finales de 1984, los gobiernos argentino y chileno, todavía en manos del dictador Augusto Pinochet, iniciaron un proceso de diálogo que comenzó a poner fin a las tensiones entre ambas naciones.