El presidente Javier Milei ha intensificado su ofensiva contra las universidades públicas, en especial contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), acusando una supuesta falta de control sobre los fondos que estas instituciones manejan. Según el mandatario, la ausencia de auditorías ha permitido un manejo discrecional de los recursos y un descontrol generalizado en el uso de dinero público. Sin embargo, las críticas del gobierno nacional no se sostienen en los datos provistos por los organismos de control, que desmienten las denuncias presidenciales.

La polémica surgió, en primer lugar, tras declaración del presidente en un acto en Mendoza, donde aseguró que "en las universidades no se sabe qué se hace con la plata" y que "no han sido auditadas en años". Estas palabras rápidamente resonaron en los medios y generaron reacciones inmediatas de las casas de estudio. A la par, los rectores y autoridades universitarias respondieron de forma contundente, desmintiendo tales acusaciones y señalando que el sistema universitario sí está sujeto a auditorías, aunque no se realizan anualmente para todas las instituciones.

En total, entre 2015 y 2022, la Auditoría General de la Nación (AGN) auditó el 89% de los fondos transferidos a las universidades, aunque el gobierno de Milei sostiene que esos controles han sido insuficientes. El Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Petovello, enfatizó que en ese mismo período solo se han realizado seis auditorías específicas en universidades, de las cuales una sola correspondió a una facultad de la UBA: la de Psicología, en 2018. Este dato ha sido utilizado por el gobierno como bandera de su denuncia sobre una supuesta opacidad en la rendición de cuentas.

Sin embargo, lo que el oficialismo omite es que la planificación de las auditorías depende de un complejo sistema de revisión y aprobación. La Auditoría General de la Nación (AGN) elabora anualmente un Plan de Acción, que debe ser aprobado por una comisión especial conformada por legisladores de ambas cámaras. Este plan no abarca todas las universidades todos los años, sino que selecciona algunas instituciones en función de criterios de riesgo y materialidad. En el plan correspondiente a 2024, por ejemplo, se incluyeron auditorías a las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Jujuy, Salta, Formosa y del Nordeste. La Universidad de Buenos Aires, en tanto, está programada para una auditoría en los próximos años.

Las auditorías universitarias según la ley

La Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, establece en su artículo 59 bis que las universidades públicas están sujetas a un control administrativo externo por parte de la Auditoría General de la Nación. Esta supervisión tiene como objetivo garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos públicos asignados a estas instituciones. Sin embargo, la ley no establece una periodicidad fija para la realización de estas auditorías, lo que deja la programación de los controles en manos del Plan de Acción Anual aprobado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.

Además del control externo de la AGN, las universidades también deben contar con mecanismos internos de auditoría. En el caso de la UBA, por ejemplo, la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires (AGUBA) realiza un seguimiento de la gestión económica y financiera de cada facultad. Estos informes internos se publican periódicamente, pero también han sido objeto de críticas por parte del gobierno de Milei, que acusa a las universidades de autorregularse sin un control suficiente del Estado, por más “liberal” que se autoproclame.

En este sentido, la autonomía universitaria, garantizada por la Constitución Nacional, ha sido un factor clave en los debates recientes sobre la intervención del gobierno en las universidades. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), otro organismo que audita la administración pública, no tiene competencias sobre las universidades debido a esta autonomía. Un dictamen de la Procuración del Tesoro emitido en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández ratificó que la intervención de la SIGEN en las universidades violaba su independencia.

En medio del conflicto por el financiamiento de la educación superior, la presencia de estudiantes internacionales se convirtió en otro punto de debate. Con la segunda marcha federal universitaria el tema cobró mayor relevancia.

Según el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023”, elaborado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación, en 2022 un total de 2.720.531 estudiantes realizaban estudios en universidades nacionales. De esa cifra, 122.769 eran estudiantes extranjeros, lo que representa el 4,1% del total de estudiantes de pregrado y grado, y el 9,9% en estudios de posgrado.

Desde 2015, el porcentaje de estudiantes extranjeros ha crecido, comenzando en 2,8% y alcanzando el 4,1% en 2022. No obstante, el gobierno de Milei ha argumentado que estos estudiantes generan una "carga adicional para el sistema". Sin embargo, expertos en migración, como Pablo Ceriani Cernadas de la Universidad Nacional de Lanús, desestiman esta postura y afirman que "los estudiantes extranjeros también pagan impuestos", contribuyendo a la financiación de la educación.

Porcentaje de estudiantes extranjeros por facultad de la UBA

En respuesta a las acusaciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversos rectores salieron a defender el sistema de auditorías existente, señalando que no solo se auditan los fondos transferidos por el Estado, sino que además se realizan controles internos en cada universidad. "Las universidades públicas no son cajas negras. Cada peso que recibimos está sujeto a revisión tanto interna como externa", afirmaron en un comunicado. Además, destacaron que, a pesar de las críticas, los organismos de control, como la AGN y la SIGEN, han participado en procesos de auditoría en diversas universidades, aunque siempre respetando la autonomía de cada institución.

A su vez, algunos rectores sugieren que las críticas de Milei forman parte de una estrategia más amplia para estigmatizar a las universidades públicas, uno de los pilares del sistema educativo argentino. En ese sentido, consideran que las denuncias sobre la falta de control en el uso de fondos buscan generar desconfianza sobre las instituciones educativas y abrir la puerta a una posible reforma en la gestión de las mismas.

En los próximos meses, la tensión entre el gobierno y las universidades podría intensificarse, ya que el Ejecutivo planea presentar un proyecto de ley para modificar la Ley de Educación Superior, proponiendo mayores mecanismos de control y supervisión sobre el uso de los fondos. Esta iniciativa seguramente encontrará resistencia en los sectores universitarios y académicos, que defienden la autonomía como un principio fundamental de la educación superior en el país.

El conflicto sobre el control de los fondos universitarios es apenas un capítulo más en la creciente disputa entre el gobierno de Milei y el sistema universitario argentino. Mientras tanto, los organismos de control y las universidades continúan defendiendo la transparencia de sus procedimientos, desmintiendo las afirmaciones de un descontrol generalizado.

La postura de Javier Milei contra las principales universidades del país, especialmente la UBA, plantea serios interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. ¿Es realmente una preocupación por la transparencia y el control de los fondos públicos o, más bien, una estrategia para debilitar la autonomía de instituciones que históricamente han sido bastiones del pensamiento crítico? Resulta contradictorio que el presidente ataque a universidades que no solo están auditadas, sino que además son reconocidas internacionalmente por su excelencia académica y transparencia, mientras promueve políticas que podrían desmantelar el financiamiento de la educación pública. ¿Acaso Milei busca socavar la independencia de las universidades más prestigiosas para moldearlas a su proyecto político, o simplemente desinformar para justificar futuros recortes presupuestarios?