Organismos de derechos humanos presentaron a la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, un proyecto de ley contra el negacionismo, que propone la formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado y sanciones a quienes tengan responsabilidades institucionales y promuevan discursos negacionistas.

La propuesta, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Derechos Humanos, tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina y los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino.

La iniciativa adquiere relevancia en un contexto eleccionario donde la candidata a vicepresidente Victoria Villarruel niega la existencia del terrorismo de Estado y reivindica la represión ilegal durante la dictadura.

"Cuando hablamos de los derechos humanos, desgraciadamente hay un curro y se ha utilizado una causa dolorosa para todos los argentinos que se ha utilizado para recibir indemnizaciones, subsidios, cargos públicos y viajes", dijo la candidata en declaraciones a La Nación+.

De hecho utilizó las mismas palabras que el expresidente Mauricio Macri, quien en su momento también calificó al movimiento en defensa de los derechos humanos como “un curro”.

“Nuestro proyecto está focalizado en la formación de todo el personal del Estado con responsabilidades políticas y sin responsabilidades políticas. La idea es que toda persona que forme parte del Estado en sus tres poderes tenga que llevar adelante una capacitación en materia de derechos humanos que la llevaría adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además, habría sanciones para personas que tengan responsabilidades institucionales y lleven adelante públicamente discursos negacionistas”, destacó el secretario Horacio Pietragalla Corti.

La propuesta tiene como finalidad fortalecer el avance progresivo de los derechos humanos, consolidar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y resguardar los consensos multipartidarios conseguidos a 40 años del retorno de la democracia. Además de la obligatoriedad de la formación en derechos humanos para todos los funcionarios y trabajadores del Estado Nacional, entre otros puntos, el proyecto modifica el Código Penal para incluir sanciones a aquellos que públicamente tengan discursos negacionistas. 

Esto se aplica tanto a funcionarios como a candidatos a cargos electivos. Además, se propone modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar la difusión de contenidos negacionistas.

El escrito también propone que los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o el Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, lleven adelante este tipo de discursos, sean sancionados disciplinariamente.

Se considera que las expresiones negacionistas de los funcionarios públicos son especialmente graves, ya que deben salvaguardar el orden constitucional y democrático y prevenir violaciones de derechos humanos según normas internacionales específicas.

Con el fin de alcanzar un acuerdo en relación con la propuesta, la Secretaría de Derechos Humanos mantuvo reuniones regulares con los organismos, durante las cuales se abordaron detalladamente los aspectos específicos del proyecto, que fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.