Diez años pasaron de la aprobación de la ley de Identidad de Género. “Queda definitivamente sancionado el proyecto”, dijo el entonces presidente del Senado, Amado Boudou, seguido por un aplauso cerrado desde las bancas y galerías del Palacio del Congreso.

Se obtuvieron 55 votos positivos, ninguno en contra y una sola abstención. De esta forma, la Cámara alta consagró la ley 26.743, en una jornada que pasaría a la historia.

En la plaza del Congreso, tal como sucedió con el matrimonio igualitario, miles de activistas y agrupaciones LGBTQ+ observaron atentamente la sesión y celebraron con gran alegría. La noticia trascendió rápidamente las fronteras y sentó precedente para el mundo.

Esta normativa, promulgada a los pocos días de su sanción, contempla que toda persona “tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género”, corresponda o no con “el sexo asignado al momento del nacimiento”.

Desde ese momento se reconoció el derecho a la identidad autopercibida a miles de personas, quienes obtuvieron "la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen" en su DNI. Según los últimos datos publicados por el Renaper, más de 12.600 personas solicitaron y efectuaron el trámite, optando en su mayoría por la categoría “mujer”.

Detrás de la normativa existió una larga historia de trabajo por parte de los y las activistas, que lucharon en el país y obtuvieron importantes precedentes judiciales y administrativos. Sin embargo, el camino no fue fácil. En 1974, un Juzgado Civil de la Capital fundamentó la denegatoria a la demanda de una mujer trans argumentando que “se encontraba en presencia de un sujeto psíquicamente desequilibrado y de conformación morfológica perfectamente masculina”.

Otras personas fueron sometidas por el propio Poder Judicial a situaciones vejatorias y violentas, ya que durante muchos años se exigió la presentación de un diagnóstico médico o psiquiátrico, la realización de una cirugía de reasignación genital, suministro de hormonas o declaración de disforia.

Uno de los casos que marcó un antes y un después fue el de Mariela Muñoz, quien en 1997 se convirtió en la primera mujer trans en tener un DNI con su identidad de género autopercibida, tras recurrir a la Justicia.

“Creo que es algo importante y que detrás mío vendrán otras transexuales que tendrán que hacerlo, pero me gustaría que fuera por ley”, dijo Muñoz en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand.

“La ley fue un deseo de Mariela que se hizo realidad”, explicó Vanesa Benítez de Iriarte de la agrupación Mariela Muñoz. En diálogo con Data Clave, detalló que antes de la sanción de la normativa había que acudir a la justicia para la rectificación del documento, y cada caso a favor “se festejaba en las escalinatas del Palacio de Tribunales”.

Gabriela falleció el 5 de mayo de 2017, a los 72 años, pero es recordada como referente histórica del movimiento trans, como también por cuidar y dar abrigo a docenas de niños y adolescentes de quienes sus familias no podían hacerse cargo. En Ezpeleta, partido de Quilmes, se colocó una estatua para homenajear su labor.

Mariela Muñoz, el caso judicial que marcó el camino para la ley de Identidad de Género

“Peleó por sus derechos y por derechos de los compañeros”, sostuvo Benítez de Iriarte, quien además destacó que aún muchas personas son maltratadas cuando van a realizar los trámites administrativos o asisten a un centro de salud.

Y concluyó: “Falta un cambio cultural. Hay que cambiar la mentalidad de la gente. No es en 15, ni 20 ni 30 años. Nos va a llevar muchísimos años”.