El observatorio “Pulsar” de la Universidad de Buenos Aires llevó adelante un interesante informe llamado "¿En qué creemos los argentinos?" y que apunta a construir perfiles ideológicos y conocer el pensamiento de los ciudadanos en la previa de las elecciones generales.

Se trata de un estudio de campo que hace una muestra nacional de más de 1.000 casos que se relevaron entre el 5 y 16 de mayo de este año. Aplica a personas mayores de 18 años, el 70% fue por llamado a los celulares y un 30% a los teléfonos fijos. Los tópicos para encarar el trabajo fueron tres: creencias en torno a la libertad y la igualdad; impresiones sobre el orden público; y el rol del Estado en nuestro país.

“Encontramos un conjunto de demandas sociales que abogan por una mayor retracción del Estado en el ámbito económico y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en el orden público, al tiempo que se registra cierta estabilidad en torno a derechos que se han convertido en valores sociales arraigados”, aseguran como una primera conclusión.

El estudio marca que los encuestados, al menos en este caso, muestran un perfil mucho más conservador y previsible que la agenda del Siglo XXI. “Hay una combinación de un giro conservador en determinados valores con un arraigamiento de ciertos y específicos principios progresistas”, explican.

El ejemplo más explícito es a la hora de hablar de seguridad. En cuanto al orden público, más de un 75% está de acuerdo en aumentar las penas para combatir la delincuencia y que haya una intervención de los militares para luchar contra el narcotráfico. Sin embargo, a contramano de lo que pregona la agenda libertaria, el 85% está en contra de la libre portación de armas.

Foto crédito: Pulsar UBA

“Estos resultados reflejan una preocupación generalizada por la seguridad y el combate al delito, pero también una división en cuanto a los límites que cada uno y una está dispuesto a aceptar en términos de derechos y libertades individuales. (…) En definitiva, el Leviatán sigue siendo el Leviatán: no hay una demanda generalizada por descentralizar la protección personal”, describen.

El segundo punto está planteado en la discusión público-privada en materia económica. Es decir, si el empleo privado genera más confianza que el público. Un 60% considera que lo mejor para un país es que la mayor parte del empleo sea privado. Un 33% opina lo contrario y apenas un 7% no logró contestar la pregunta.

Pero en esta discusión hay un dato particular: la mirada pro empleo privado la tienen personas que tienen adhesión a Juntos por el Cambio (72%) y La Libertad Avanza (75%). En Unión por la Patria, donde se da una coalición con opiniones diversas, un 54% pondera las empresas públicas y un 33% las privadas.

“Encontramos una disputa en torno a esta agenda. Entre quienes se identifican como votantes peronistas, una porción no menor sigue valorando el empleo público como algo necesario. Al mismo tiempo, la privatización de las empresas no tiene que ser igual al realizado en los ‘90: hay un clima favorable a pensar que la extensión del sector privado tiene que tener cierto control del Estado. Un Leviatán con capacidades, no uno que se desprenda de todos los servicios y bienes que provee”, agregan.

El informe también tiene puntos que tocan con la ampliación de derechos en cuanto a lo social. Hay un consenso relativamente amplio para que se sostenga la adopción homoparental (que dos personas del mismo género puedan adoptar), se reglamente la subrogación de vientre y se legalice la eutanasia para casos médicos irreversibles. “Acá existe una agenda de derechos sociales que permitirían ampliar las libertades de quienes demandan por la consideración del Estado en estas situaciones. Un Estado que esté presente, cuando se lo necesita”, explican.

En lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, aparece una mayor disputa en términos de libertades y derechos. La adopción de la ley hace casi tres años no zanjó el debate en torno al tema. Encontramos que la cuestión está fuertemente partidizada entre votantes de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, de un lado, y del peronismo, del otro. Adicionalmente, en franjas etarias más adultas el nivel de apoyo disminuye considerablemente.

La encuesta también marca que existen importantes reparos a considerarlos como demandas sociales lo que refiere a trabajo sexual, uso del lenguaje inclusivo y consumo de marihuana. “Son cuestiones planteadas por porciones más metropolitanas de la sociedad, pero sin encontrar el consenso suficiente todavía”, explican.

Sobre el final, el informe explica que utilizó una técnica denominada “agrupamiento proyectivo de perfiles ideológicos” para identificar y clasificar a las personas en grupos con creencias políticas y económicas similares. Se desarrollaron cuatro perfiles: privatistas; estatistas; progresistas y conservadores.

El informe describe que los encuestados que tienen pertenencia a Unión por la Patria piensan muy distinto, algo que claramente se vio reflejado en el funcionamiento de la coalición de Gobierno. Un 30% son estatistas-conservadores, un 29% estatistas-progresistas, y un 24% privatistas-conservadores.

En Juntos por el Cambio el debate está más resuelto. Se imponen los privatistas-progresistas con un 41% y otro 30% de estatistas-progresistas. Casi un 20% son estatistas-conservadores. En La Libertad Avanza las cifras son prácticamente similares, con una diferencia: un 20% serían estatistas-progresistas.