Las distribuidoras Edenor y Edesur, encargadas del suministro eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, anunciaron inversiones por US$ 2.150 millones en los próximos cinco años con el objetivo de disminuir la duración y frecuencia de los cortes de luz. La medida se enmarca en la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), que se definirá en la audiencia pública del 27 de febrero y que derivará en un nuevo cuadro tarifario a partir de abril.

Edenor, bajo el control de Energía del Cono Sur -propiedad de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti-, destinará US$ 1.275 millones entre 2025 y 2029. Por su parte, Edesur, perteneciente a la italiana Enel, desembolsará US$ 875 millones en el mismo período. El objetivo del Gobierno es que al final del quinquenio los cortes de suministro se reduzcan entre 40% y 50%, según la zona.

El retorno a la normalización tarifaria también implica el fin de una etapa de congelamiento. Desde 2019, tras la interrupción de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) implementada por Mauricio Macri, los precios quedaron rezagados. Ahora, las empresas contarán con ajustes periódicos de ingresos y podrán acceder a financiamiento en mejores condiciones. Sin embargo, el Gobierno solo autorizará en abril un aumento de hasta 9,9% por encima de la inflación, que podría aplicarse en dos o tres cuotas.

La estrategia oficial apunta a contener el impacto de las tarifas en la inflación, especialmente en los primeros meses del año, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, busca consolidar una tendencia a la baja en los índices de precios. Desde mayo de 2025 hasta diciembre de 2029, las tarifas se actualizarán mensualmente según los índices de precios mayoristas y minoristas, además de la evolución de los salarios.

Uno de los puntos de mayor tensión gira en torno a los denominados "activos regulatorios" y "pasivos regulatorios". Las distribuidoras reclaman que el Estado no cumplió con la revisión tarifaria anterior y que esto generó una deuda superior a US$ 3.000 millones. Por su parte, el Gobierno busca regularizar las deudas de las empresas con Cammesa, que en el caso de Edenor y Edesur ascienden a US$ 450 millones.

Este conflicto se remonta al período final de la gestión de Macri, pasando por el gobierno de Alberto Fernández y llegando hasta la administración de Javier Milei. Ahora, la discusión se centra en cómo se saldarán estos montos y si el Estado reconocerá el pasivo reclamado por las empresas.

Además, el Gobierno fijó una tasa de rentabilidad sobre activos del 6,22% anual después de impuestos para las distribuidoras, mientras que los privados exigen que el porcentaje supere el 8%, alegando que el riesgo país y la volatilidad económica justifican una mayor rentabilidad. Este punto promete ser otro eje de tensión en las negociaciones.

La audiencia del 27 de febrero será clave para definir los próximos pasos del sector eléctrico, en un contexto de aumentos controlados y presión de las empresas para obtener mejores condiciones financieras.