Los votos que le falta al oficialismo por la reforma del Ministerio Público: alguna certeza, varias dudas y rechazos confirmados
El Frente de Todos depende de los interbloques federales y monobloques que responden a gobernadores aliados para poder aprobar la reforma del cuerpo de fiscales. El ministro de Justicia juega fuerte y busca torcer las últimas voluntades. Con el rechazo de Juntos por el Cambio, cada banca vale oro.
El primer paso que debe dar el oficialismo en Diputados para llevar al recinto el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal es darle dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. Habrá una reunión esta semana en busca de sellar ese trámite.
En ambas comisiones, el camino está allanado. En Asuntos Constitucionales el número de legisladores propios garantiza el aval para el proyecto oficialista. En Justicia, con la confirmación del apoyo de José Luis Ramón, presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo el Frente de Todos también podría alzarse con el dictamen. Las autoridades del bloque trabajan para poder firmar despacho esta semana.
El segundo episodio es en donde trabaja el oficialismo en tándem con el gobierno, el ministro de Justicia, Martín Soria, no solo encabezó el inicio del debate con su exposición, luego de negociar cambios al proyecto con fiscales, también se reúne con diputados en duda. Hace unos días tuvo un mano a mano con el propio Ramón, uno de los votos importantes del recinto, su interbloque reúne 6 bancas que pueden ser clave.
El interbloque Unidad Federal tiene a los misioneros Ricardo Welbach, Flavia Morales, Diego Horacio Sartori que responden al gobernador Oscar Herrera Auad y suelen ser votos aliados. Además, esta el rionegrino Luis Di Giacomo, brazo del armado peronista del ex gobernador Alberto Weretilneck, uno de los autores del proyecto en el Senado. La nómina la completan los peronistas ex Cambiemos, Pablo Ansaloni (Buenos Aires) y Antonio Carambia (Santa Cruz).
“Hace rato venimos participando del debate de este proyecto, propusimos reformas durante la exposición del ministro Soria lo que me llevó a una reunión en su despacho, queremos que exista una procuraduría del consumidor”, dijo Ramón a Data Clave. En cuanto al interbloque, aseguró que “están todos en línea” de apoyar la discusión y que la decisión del bloque sobre la postura en el recinto se resolverá en una última reunión esta semana previa a la firma del dictamen de este martes.
El otro interbloque del que depende la suerte del proyecto, con el rechazo confirmado de todo Juntos por el Cambio, es el que conduce Eduardo “Bali” Bucca y donde convergen los bloques de Roberto Lavagna y Juan Schiaretti. En total, son 11 bancas de diversos espacios peronistas y federales. El Frente de Todos tiene 118 bancas posibles (son 119 pero José De Mendiguren está de licencia) además de los posibles 6 del bloque de Ramón, necesitará 6 votos más.
Los cuatro cordobeses, Paulo Cassineiro, Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez rechazaron el año pasado las reformas judiciales propuestas por el Gobierno pero no se volvieron a expresar, no ocupan ningún lugar en las comisiones. Por su parte, los tres lavagnistas Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodriguez y Jorge Sarghini ya confirmaron que no acompañan ni darán quórum.
En este armado federal quedan además las bancas del presidente de la bancada Bucca, del salteño Andres Zottos y de los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez. Este último confirmó a Data Clave que votará en contra. Por lo que, el apoyo de los dos justicialistas, Zottos o Bucca, y los cordobeses se torna indispensable para el objetivo oficialista.
Bucca comunicó vía Twitter la posición oficial de la bancada que preside: "Vivimos un drama sanitario que afecta la vida de los argentinos y argentinas en todas sus dimensiones. No logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones. ¿Que reforma del ministerio público fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?".
Como monobloques también son claves los votos de la izquierda, que seguramente rechace la propuesta, de la neuquina Alma Sapag que también votará en contra y de la tucumana Beatriz Avila y el riojano Felipe Alvarez. El FdT necesita al menos uno de estos últimos dos monobloques.
El oficialismo diagrama la firma del dictamen pero mueve las fichas como en un tablero de ajedrez pensando en poder llevar el proyecto al recinto. Cuenta como monedas de oro cada banca y espera tener asegurado un piso que le garantice al menos aprobar la medida, aunque sea con modificaciones y que vuelva al Senado, donde el número es más amable con sus intereses parlamentarios.
El proyecto que impulsa el Frente de Todos surgió en la Cámara alta por impulso de Oscar Parrilli para ponerle un límite de cinco años a los mandatos del titular del Ministerio Público y cambiar el número requerido en la designación del procurador general, los dos tercios de los presentes por una mayoría absoluta.