La reciente decisión del Poder Ejecutivo de sostener el decreto 780/24, que reduce el acceso a la información pública, provocó una reacción rápida en el Congreso. Un grupo amplio de la oposición, liderado por Encuentro Federal y el bloque radical Democracia Para Siempre, ya se prepara para desafiar la medida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. La intención es derogar la norma y marcar una postura ante lo que consideran un retroceso en la transparencia gubernamental.

La medida llega tras semanas de negociaciones infructuosas entre representantes de varios bloques y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, encargada de dar forma al decreto bajo las instrucciones del asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, la resistencia del Ejecutivo a cambiar el rumbo se debe a su estrategia comunicacional, impulsada directamente desde la cúpula de la Casa Rosada.

“Este decreto es un atropello a la información pública. Es claramente inconstitucional: el Poder Ejecutivo no tiene competencia para limitar lo que corresponde a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es autónoma y autárquica”, criticó Karina Banfi, vicejefa del bloque radical. La diputada subrayó que la movida no busca enfrentamientos, sino preservar el derecho ciudadano a saber.

La oposición unió fuerzas en reuniones que incluyeron a Silvana Giudici (PRO), Óscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Carolina Gaillard (Unión por la Patria), Juan López (Coalición Cívica) y Cristian Castillo (Frente de Izquierda). Sin embargo, la presión no fue suficiente para que el Ejecutivo ceda. De hecho, la normativa desató la preocupación de varias organizaciones civiles, quienes advierten que desnaturaliza la Ley 27.275 de acceso a la información, introduciendo restricciones poco claras sobre datos que “pertenecen al ámbito privado de los funcionarios”.

Diferencias dentro de la oposición

Las tensiones no terminan ahí. La UCR y el PRO mantienen diferencias sobre la estrategia en el Congreso. Banfi, junto a otros opositores, pidió una sesión urgente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, para debatir el tema. Sin embargo, la solicitud no encontró apoyo suficiente. Con el tiempo en contra, evalúan plantear directamente la derogación en la próxima sesión de la Cámara.

Para lograrlo, sin embargo, necesitan una mayoría agravada, algo complejo sin el apoyo del PRO. Aunque la Ley 27.275 fue sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri y es una de las normas que el partido valora, algunos legisladores del PRO como Giudici insisten en que el decreto no puede anularse desde el Congreso, sino que debe ser la Agencia de Acceso a la Información quien actúe.

El debate sobre el acceso a la información no es el único en la agenda opositora. A días de finalizar el año legislativo, los bloques opositores -incluyendo al radicalismo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo- también buscan avanzar en la modificación de la Ley 26.122. La propuesta limitaría el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta central para el actual oficialismo y sus antecesores.

Con 128 votos de respaldo, apenas uno menos de los 129 necesarios para el quórum, la oposición tiene altas expectativas de alcanzar el número con el apoyo de los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, quienes tienen sus propios dictámenes en contra del DNU. Entre los cambios propuestos, el nuevo proyecto establece que los decretos “perderán vigencia si no son ratificados por ambas Cámaras en un plazo de 90 días”, y restringe su uso durante el receso parlamentario, obligando a un tratamiento inmediato por parte del Congreso.

El oficialismo, en minoría en ambas Cámaras, rechaza tajantemente esta posible reforma y ya dejó en claro que, en caso de aprobarse, el presidente Javier Milei aplicará un veto inmediato, acusando a la oposición de intentar “dar un golpe de Estado”.

Por su parte, el PRO, pieza clave en esta discusión, aún no ha fijado una posición unificada. Si bien algunos miembros de la bancada apoyan las limitaciones a los DNU, otros consideran que el Congreso no debería intervenir en este tema.

En la próxima sesión, la oposición no solo debatirá el acceso a la información, sino también la reforma de la ley de los DNU y el rechazo del decreto de canje de deuda. Además, el oficialismo tiene en agenda para el miércoles siguiente una convocatoria para tratar la iniciativa de “ficha limpia”, que impediría que condenados por corrupción puedan postularse a cargos electivos, y otras normativas con amplio impacto en el ámbito judicial y político.

Fuentes parlamentarias del oficialismo marcaron que la inclusión del decreto del canje de deuda “mete ruido” en las negociaciones con gobernadores en torno al presupuesto. Según sostienen, no hay ningún diputado que responda directamente a un gobernador que haya firmado el pedido de sesión. Inclusive, hacen foco en que no está la firma del presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto.

Desde LLA hacen hincapié en la relevancia de todo lo que se discute en torno al presupuesto: cómo se retoman las obras que el gobierno anterior prometió y que no hay plata para financiarlas en este momento. En ese sentido, sostienen que el decreto es “un instrumento importante para el ministro de Economía” y que los gobernadores “son conscientes de eso”. Final abierto.