El conflicto entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno escaló un peldaño más. En una conferencia de prensa, el rector Ricardo Gelpi confirmó que la institución acudirá a la Justicia para que se determine quién debe auditar a las universidades nacionales, en respuesta a la decisión del Ejecutivo de designar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como encargada del control. Para Gelpi, esta medida contradice el marco legal que establece la autonomía universitaria, ya que la SIGEN responde directamente al Poder Ejecutivo, mientras que las universidades deberían ser fiscalizadas por la Auditoría General de la Nación y otros organismos autónomos.

“Nosotros queremos que se nos audite tanto como sea necesario, pero siempre dentro del marco de las leyes”, aseguró Gelpi frente a un grupo de periodistas en la sede de la UBA. Desde la universidad remarcaron que no buscan evadir la fiscalización, sino resguardar su autonomía, un principio reconocido en la Constitución Nacional desde 1994, cuando se estableció que las universidades no dependen del Ejecutivo en ninguna de sus actividades, incluida la gestión económica.

El conflicto se desarrolla en medio de un clima de movilización estudiantil y docente. La Asamblea Interfacultades, que reunió a estudiantes y agrupaciones de la UBA, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), votó la realización de la tercera Marcha Federal Universitaria para el 12 de noviembre. Esta protesta busca visibilizar la crítica situación presupuestaria y salarial que enfrentan las universidades públicas y, según representantes de los centros de estudiantes, apunta directamente a los ajustes impulsados por la gestión de Javier Milei.

Leonora Colombo, representante del Claustro de Graduados de la UBA, explicó que la acción judicial busca un “pronunciamiento definitivo” del Poder Judicial, como garante de los derechos constitucionales. “Es un tema de interpretación de las leyes vigentes. La Universidad sostiene que la SIGEN no tiene competencia para auditarla y que su rol corresponde a otros órganos de control. Queremos que el Poder Judicial sea el último intérprete en esta disputa”, aclaró Colombo, recordando que ya en 2003 la Corte Suprema ratificó la autonomía universitaria frente a cualquier control directo del Ejecutivo.

Además del recurso judicial, la UBA presentó un comunicado público en el que asegura ser una de las instituciones más auditadas en el ámbito público, con controles constantes de la Auditoría General de la Nación y del Poder Legislativo. En el mismo texto, la universidad habilitó un enlace con acceso directo a los informes de auditoría recientes, evidenciando un ejercicio de transparencia. “Nos controlan varias instituciones y nosotros mismos realizamos auditorías internas. La SIGEN no suma nada nuevo que no hayamos cumplido ya”, expresó Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, durante la misma conferencia.

La disconformidad se extiende a otras universidades. En los próximos días, la Asamblea Interfacultades planea debatir la adhesión a la Marcha Federal en otras instituciones educativas del país, con miras a consolidar una protesta que visibilice los reclamos contra el ajuste presupuestario. Además, se organizaron acciones de alto impacto, como un corte de calles el 1° de noviembre en el Obelisco, seguido por una movilización hacia la Plaza de Mayo y la Confederación General del Trabajo (CGT), en un llamado a que el sindicato convoque a un paro nacional.

El Gobierno, por su parte, insiste en que las auditorías buscan “garantizar el uso eficiente de los fondos públicos” y niega la intención de intervención. Sin embargo, desde la UBA interpretan esta medida como un intento de “controlar lo que se enseña y aprende” en las universidades públicas, lo que, según expresaron, vulnera la libertad de cátedra.

En paralelo, la universidad realizará una convocatoria abierta para una auditoría independiente de su sistema de control interno, con el fin de brindar datos de acceso público y de reforzar su autonomía institucional. Además, en el marco de la próxima Marcha Federal, el 5 de noviembre se realizará una reunión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde se espera que participen centros de estudiantes y gremios docentes y no docentes de todo el país para coordinar las medidas de acción.