La UBA denuncia que las auditorías del Gobierno "violan la autonomía universitaria"
Desde el Rectorado anunciaron que iniciarán acciones legales para impedir esta “intervención ilegal”. Funcionario del oficialismo aseguró que el dinero para el salario de los docentes "está garantizado" y apuntó contra las tomas y protestas.
El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que iniciará acciones legales contra el Gobierno al asegurar que las auditorías que busca realizar la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) "violan la autonomía universitaria".
La medida fue tomada en la última sesión del Consejo Superior de la universidad y fue difundida por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Las autoridades señalaron que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, garantiza la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, estableciendo que estas instituciones deben estar desvinculadas del Poder Ejecutivo y sujetas únicamente a la potestad regulatoria del Congreso.
En tanto, destacaron que la Corte Suprema ha reafirmado esta autonomía, al estipular que cualquier intervención del Poder Ejecutivo en las actividades académicas y financieras de las universidades es inapropiada. La UBA ha implementado un sistema de control interno a través de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El Gobierno anunció el pasado martes que la SIGEN, a cargo de Miguel Blanco, comenzará a auditar la UBA a partir del próximo lunes 28 de octubre. Para al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, esta disposición “unilateral” representa una violación de su autonomía constitucional. La universidad sostiene que su administración no puede ser subordinada a la órbita del Poder Ejecutivo por normas de jerarquía inferior a la Constitución.
“Que las decisiones expresadas por el Síndico General de la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal”, argumentaron.
El Consejo Superior de la UBA instruyó a la Dirección de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que inicie las acciones judiciales necesarias en defensa de la autonomía universitaria. Ante esto, el Gobierno redobló la apuesta a través de su vocero Adorni. “La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo”, manifestó a través de las redes sociales.
Esto se suma al caldo de cultivo que inició Javier Milei en sus declaraciones contra la educación pública. “En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar”, había dicho al presentar el nuevo nombre del ahora Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK).
Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que el dinero necesario para actualizar los salarios docentes “está garantizado” y apuntó contra las tomas y protestas de las últimas semanas en distintas universidades del país.
“Es interesante porque desde 1994 tenemos la misma Constitución y misma Ley de Educación Superior y Ley de Administración Financiera. Sin embargo, en 2011 la Sigen hizo una auditoría sobre los títulos de la Facultad de Ciencias Económicas, no hubo ningún planteo. En 2017 se hizo una completa revisión y tampoco hubo problema. Hay antecedentes de la Sigen sobre la UBA y el resto de las universidades nacionales hasta 2022″, indicó el funcionario en diálogo con Radio Mitre.
“Todos los programas que están en ejecución están financiados. Que alguien me explique dónde está el recorte. Todo lo que estamos haciendo está financiado y actualizado, ¿Dónde está el recorte?”, justificó.