La Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las instituciones educativas más prestigiosas de Argentina y reconocida a nivel internacional, ha dado un paso firme frente a la crisis que afecta al sistema científico y tecnológico nacional. En un documento reciente, la universidad expresó su "profunda preocupación" y declaró el "estado de alerta" debido al desfinanciamiento que, según denuncian, viene sufriendo el ámbito de la ciencia y la tecnología bajo la gestión del gobierno de Javier Milei.

El conflicto entre las universidades y el gobierno actual no es nuevo. Desde que Milei asumió la presidencia, las universidades han manifestado reiteradamente su descontento con las políticas de recorte presupuestario que afectan directamente al sistema de investigación e innovación. La situación se agravó en agosto cuando, durante una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional, el presidente de Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i) informó que el organismo no está en condiciones de cumplir con todas las obligaciones financieras previamente contraídas, ni tampoco puede garantizar nuevos financiamientos.

La UBA no es la única institución preocupada. Diversas facultades y centros de investigación en todo el país han alzado la voz en repudio a las políticas de desfinanciamiento que consideran perjudiciales para el desarrollo académico y científico de Argentina. Según el comunicado de la UBA, más de 2.600 líneas de investigación se encuentran casi paralizadas debido a la falta de recursos, lo que ha llevado a la renuncia de numerosos profesionales formados en ciencia y tecnología, afectando gravemente la calidad educativa y la continuidad de proyectos clave.

Desde el inicio del gobierno de Milei, las universidades han enfrentado una serie de problemáticas que se suman a la actual crisis presupuestaria. Entre las principales denuncias se encuentran la reducción de becas doctorales, la falta de incorporación de nuevos investigadores al CONICET, el vaciamiento de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la descalificación de las Ciencias Sociales y Humanas. Además, acusan al gobierno de haber ejecutado menos del 5% del presupuesto asignado a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, incumpliendo la Ley 27.614, que establece un financiamiento mínimo del 0,39% del PBI para el sector científico.

En respuesta a esta situación, la UBA ha solicitado al gobierno nacional que arbitre las medidas necesarias para recomponer urgentemente el sistema científico, cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente. Además, reclamaron a la Agencia I+D+i que respete la normativa actualizando los fondos de los proyectos en curso, firme los subsidios ya adjudicados y establezca un calendario de nuevos llamados que garanticen la financiación continua.

La UBA también hizo un llamado al CONICET para que incorpore de manera inmediata a los investigadores cuyos ingresos ya han sido aprobados y otorgue las becas doctorales previstas para 2023. Asimismo, exigieron a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que cumpla con los compromisos asumidos por los programas dependientes del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que actualmente se encuentran paralizados.

La situación del sistema científico y tecnológico en Argentina es crítica y afecta directamente al desarrollo de las actividades académicas y de investigación en las universidades del país. Con la declaración de emergencia por parte de la UBA, se espera que el gobierno tome medidas concretas para evitar un mayor deterioro de un sector que es fundamental para el crecimiento económico, social y ambiental de la nación.