La trama judicial detrás del laboratorio que viajó a Moscú para intermediar en la distribución de la vacuna rusa
Para salir de la convocatoria de acreedores, HLB Pharma apostó todo al negocio de la intermediación en la comercialización de la Sputnik V para buena parte de Latinoamérica. La decisión del gobierno argentino de negociar directamente con su par ruso, la dejó afuera de la triangulación.
Si pasa, pasa. Con esa premisa podría afirmarse que los titulares del laboratorio nacional HLB Pharma se inscribieron ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para postularse como intermediarios en las gestiones que deberían finalizar -en caso de aprobarse las pruebas de fase 3- con la vacuna Sputnik V en territorio argentino antes de fin de año.
A tal punto estaba puesta la expectativa de la empresa farmacéutica en este negocio, que una comitiva de la firma participó del sigiloso viaje a Moscú junto a la secretaria de Acción para la Salud, Carla Vizzotti, para verificar el estado de las investigaciones llevadas a cabo por el laboratorio ruso.
Las negociaciones pasaban originalmente por las manos del grupo HLB Pharma, pero la difusión de la situación judicial de algunos integrantes del mencionado laboratorio, llevaron al gobierno nacional a tomar la decisión de encarar las tratativas de manera directa con la administración de Vladimir Putin.
Esto representó un duro golpe para la empresa que había jugado todas sus fichas a la facturación que generaría el acuerdo para distribuir la Sputnik V en territorito argentino. Es que HLB Pharma tiene abierta una causa en el fuero comercial desde 2014 debido a sus problemas económicos. Entró en concurso de acreedores en 2017, y cambió de autoridades este año, en medio de la pandemia.
Los representantes del laboratorio manifestaron la auspiciosa noticia de su participación en el negocio con los rusos a principios de octubre en el marco del expediente comercial donde solicitaron formalmente que se levante el concurso de acreedores. De acuerdo al escrito, se habló de la compra y distribución de 50 millones de dosis de la vacuna no sólo en Argentina sino también de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú.
En la causa, sostuvieron que el contrato de “representación y distribución comercial” con el fondo de inversión conjunta denominado Join-Stock Company "Management Company of Russian Direct Investment Fund" requería si o si que se termine la situación concursal del laboratorio “para habilitar la elaboración de la vacuna en territorio nacional”. “De resolverse esta cuestión, se prevé comenzar con la fabricación de LA VACUNA en suelo argentino para el mes de Diciembre de 2020”, dijo el laboratorio.
“Hay que aclarar la importancia y el enorme beneficio que esta operación representa para la salud pública y, asimismo, para la lucha contra la pandemia actualmente en curso y lograr, por fin, superar la misma”, marcaron los representantes del laboratorio. No se quedaron únicamente con eso: “HLB PHARMA GROUP S.A., de concretarse este negocio, será pionera en tener la vacuna en la República Argentina, la que recordemos, al igual que el resto de los países del mundo, ha padecido los devastadores efectos de la pandemia en todos los sectores de su economía (se ha reportado una variación interanual -19,1%, del PBI, fuente INDEC); no menos importante, los propios ciudadanos se han visto afectados en todos los órdenes de su vida interpersonal, siendo la vacuna una verdadera salvación, que todos añoramos con esperanza desde que comenzara esta situación y que, ahora, podrá volverse una realidad”, expusieron.
Además, sostuvieron que habían regularizado toda su deuda fiscal, que actualizaron los acreedores con los que tenían pagos pendientes y que tenían fondos para pagar el resto de las deudas.
A fin de octubre, un representante de la AFIP envió al Juzgado Comercial su respuesta al pedido del laboratorio. Consideró que podía dar el consentimiento sobre el levantamiento del concurso “sólo si se cancelan previamente los conceptos aludidos y se garantizan las cuotas concordatarias pendientes más el interés de la propuesta acorde fuera expuesto precedentemente”. Es decir, si cumplían una serie de requisitos para regularizar toda la situación.
Con los argumentos expuestos por las partes, el Juzgado Nacional en lo Comercial 23 avanzó hacia el fin del conflicto. Ordenó la semana pasada que se publiquen edictos en los principales diarios para hacer saber a los acreedores que se pidió el fin del concurso preventivo “por cumplimiento adelantado del acuerdo”. Allí también debía decirse que se presentó un informe detallado de las cuotas impagas y que los acreedores que no percibieron la totalidad de las cuotas podían requerir el pago en el marco del expediente.
Los antecedentes turbios del laboratorio
Uno de los escándalos que mancharon la foja de los miembros del directorio de HLB Pharma fue el estallido de las instalaciones del Laboratorio Apolo, ubicado en el barrio Tablada de la ciudad de Rosario, ocurrido en junio de 2016 tras la explosión de la caldera que fabricaba suero fisiológico y que se sobrecalentó causando destrozos en medianeras, vivienda y lesiones a cinco personas.
Uno de ellos, Ariel García Furfaro, fue uno de los que quedó en el ojo de la tormenta tras conocerse sus desmanejos e imputaciones que había tenido en Rosario, previo a su desembarco en Laboratorios Ramallo y en HLB Pharma Group. Los actuales directores que componen la empresa con sede en San Isidro están directamente vinculados a la dramática explosión, en cuya causa fueron procesados tanto el mencionado Furfaro, como Damián García, principales accionistas de la empresa.
Ambos nombres aparecen en el pasado vinculados a Jorge Salinas, quien intervino en la primera transferencia de Apolo de sus dueños originales. A Salinas lo apodaron el "Leo Mattioli Rubio” por su inclinación a los vehículos de alta gama importados y los anillos y cadenas de oro con los que llegaba al laboratorio de la zona sur rosarina.
En el caso de García, su llegada a HLB en el marco de una convocatoria de acreedores desde hace tres años se dio en reemplazo de Hugo García Borello, detenido y acusado el año pasado de estafa en un juzgado porteño. El laboratorio había sido clausurado por fallas de seguridad en 2018.