En la foja 4682 del Cuerpo XXIV del expediente correspondiente a la causa 14.149/2020 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora, el doctor Andrés Coronato, defensor de Gustavo Arribas, solicitó "en función de la situación de emergencia y la proximidad de la fecha fijada para la declaración indagatoria” de su representado “que se digitalicen y suban en el sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales (Lex 100) la totalidad de los legajos de investigación y prueba que se hubieren formado".

Ese acto fue el inicio de un escándalo que terminaría por enfrentar a dos funcionarias que deberían haber actuado como aliadas para esclarecer la causa que investiga el presunto espionaje ilegal durante el macrismo y que, sin embargo, terminaron enfrentadas gracias a la habilidosa jugada de la defensa del ex Señor 5 macrista: de un lado, la mencionada fiscal de Lomas de Zamora, del otro la interventora actual de la AFI Cristina Caamaño.

El episodio estalló cuando el viernes 25 de septiembre se conoció la "filtración" de 272 páginas del Libro de Protocolos de Resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) donde quedaron expuestos los títulos de 3859 resoluciones del organismo con datos de unos cien espías y personal diplomático. El material había sido solicitado por el ministerio público fiscal, con el objetivo de corroborar información recabada en las testimoniales e indagatorias.

Tras el cotejo y a pedido de la defensa de Arribas, desde la fiscalía federal subieron esas resoluciones al sistema informático donde tenían acceso todos los abogados de la causa judicial, sin tomar los debidos recaudos de protección de los datos del personal de la AFI allí mencionados. "La interventora de la AFI y la fiscal se echan la culpa pero lo cierto es que terminó en internet una información clave para la seguridad de los agentes, que figuran en esos listados por razones administrativas", dijo un ex funcionario con vasta experiencia en asuntos de inteligencia y seguridad.

La sombra de Arribas detrás del escándalo por filtración de datos de la AFI en tribunales de Lomas

"Aunque ambas funcionarias se equivocaron, hay una diferencia fundamental entre Caamaño e Incardona: la responsabilidad primaria de la AFI es custodiar los secretos de Estado, mientras que la de la fiscal lomense es garantizar los derechos de defensa en juicio. Caamaño no cumplió con su función. Incardona sí", sostuvo un ex funcionario de inteligencia militar con acceso directo al expediente.

La fuente explicó a Data Clave que, a su criterio, "la maniobra de Arribas tiene como objetivo primordial poner un palo en la rueda en la investigación de Incardona para lograr que la causa se traslade a Comodoro Py, donde las posibilidades de manipular el expediente crecen exponencialmente". Según el experto, "la jugada de los abogados es magistral porque le hicieron pisar el palito a la fiscal y la expusieron para luego objetarla y así allanar el camino del proceso rumbo a los tribunales de Retiro".