El Congreso de la Nación se alista para avanzar en un cambio fundamental de la Ley 26.122, con el objetivo de poner límites a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Desde su llegada a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei utilizó los DNU con un gran impacto, enfrentándose a críticas de diversos sectores políticos que consideran abusivo su uso para sortear la falta de apoyo parlamentario.

En comisión de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, la oposición logró darle dictamen a un texto consensuado y dejarlo listo para el recinto. La reforma contó con el apoyo de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre de los radicales díscolos. 

El dictamen de mayoría de la oposición, que logró 39 firmas, establece que el Congreso tenga un límite de 90 días para aprobar o rechazar un decreto, con la particularidad de que el rechazo de cualquiera de las dos Cámaras sea suficiente para dejarlo sin efecto. Actualmente, los decretos quedan vigentes a menos que ambas Cámaras voten su rechazo, un procedimiento que en la práctica ha permitido que se mantengan aún con oposición significativa.

En segundo lugar, firmó dictamen de rechazo La Libertad Avanza con 9 firmas y seguidamente la Coalición Cívica con dos firmas y un cuarto proyecto con 2 firmas del bloque UCR. El dato significativo es que el PRO no firmó ninguno de los dictámenes, la posición del bloque amarillo es fundamental para el Gobierno ante un posible veto presidencial. 

El artículo 99 de la Constitución Nacional permite que el Presidente emita un DNU en “circunstancias excepcionales”, aunque en la práctica este criterio ha sido flexible. Ejemplos recientes de DNU que generaron controversia incluyen el DNU 656, que otorgaba más de $100 mil millones en fondos reservados a la SIDE, y el DNU 70/2023, que modificó más de 300 normativas de regulación económica. La oposición considera que estas decisiones subvierten el rol del Congreso y facilitan un uso discrecional del poder presidencial.

El artículo 99, inciso tercero de la Constitución establece que el Presidente debe enviar cada DNU a una Comisión Bicameral dentro de los 10 días de su promulgación, lo que garantiza que al menos se revise la medida en el ámbito legislativo. La reforma propuesta busca agilizar este proceso y asegurar que cualquier DNU pueda ser controlado y evaluado en un plazo razonable por el Congreso. En caso de aprobarse la nueva ley, se modificaría de forma considerable el balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, consolidando una tendencia a fortalecer la función de control del Parlamento sobre los actos del Gobierno.