La Justicia federal falló en contra de los aumentos aplicados por las empresas de medicina prepaga en 2024 y los declaró inconstitucionales. La Cámara Federal de La Plata resolvió que las cuotas de estos servicios deberán ajustarse únicamente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dejando sin efecto las subas impuestas desde la desregulación establecida por el DNU 70/23.

El tribunal tomó esta decisión al hacer lugar a una acción de amparo presentada contra YPF Obra Social y OSDE, dos de las principales prepagas del país. En su resolución, los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo y César Álvarez consideraron que el decreto presidencial excedió sus facultades y vulneró derechos de los usuarios. “El avance sobre el ámbito competencial propio del Congreso exige un fundamento serio y verificable”, señalaron en el fallo, cuestionando la falta de justificación para la supuesta emergencia sanitaria que argumentó el Gobierno.

El reclamo judicial fue iniciado por un afiliado que denunció que, debido a la aplicación del DNU 70/23, su cuota sufrió un incremento del 78%, al quedar sin efecto la regulación de precios establecida en la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud. En su presentación, el usuario también exigió la devolución de los montos cobrados de más por parte de las empresas demandadas, algo que aún debe resolverse.

En primera instancia, la Justicia Federal de La Plata había rechazado el amparo, pero la Cámara revocó esa decisión y dio la razón al demandante. En su argumentación, los jueces remarcaron que la desregulación del sistema de salud impuesta por el decreto presidencial fue una medida arbitraria e ilegítima, que dejó sin control a un servicio esencial. Según el fallo, el Ejecutivo no puede anular, mediante un decreto, las potestades de la Superintendencia de Servicios de Salud, que por ley debe autorizar y revisar los aumentos de las prepagas.

El pronunciamiento judicial también recordó que el propio Estado Nacional inició una causa contra las empresas de medicina privada por los aumentos excesivos. Como resultado de esa acción, se llegó a un acuerdo con las prepagas, en el que se pactó la devolución de los montos cobrados por encima del IPC desde diciembre de 2023. En virtud de este convenio, la Secretaría de Industria y Comercio dejó sin efecto las resoluciones que permitían los aumentos descontrolados.

Con este fallo, la situación de las prepagas vuelve a quedar en el centro del debate, ya que la Justicia cuestionó directamente la validez del DNU 70/23, una de las herramientas clave del Gobierno de Javier Milei para avanzar en su agenda de desregulación económica. El impacto de la medida alcanza a millones de afiliados, que desde principios de 2024 vienen soportando aumentos superiores a la inflación sin ningún tipo de control estatal.

Mientras tanto, la discusión sobre la constitucionalidad del decreto sigue abierta y podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia, donde el Gobierno apuesta a revertir los fallos adversos. Sin embargo, este revés judicial complica aún más el escenario para las prepagas, que ahora deberán revisar su esquema de aumentos bajo la lupa de la Justicia y la presión de los usuarios.