En 2018 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal - integrada por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky- cuestionó la prescripción de la acción de la causa IBM-DGI y ordenó al Tribunal que en forma inminente proceda a realizar el juicio. La Corte consideró que el voto no había sido en mayoría y ordenó que se revise el fallo. 

Pero tras ese fallo, los abogados de los imputados acudieron a la Corte para que recuse a uno de los magistrados que integran esa sala y que más explícito había dejado su defensa respecto a la imprescriptibilidad de las causas de corrupción: Hornos. Este viernes, el Máximo Tribunal respaldó al camarista y ordenó retomar el proceso judicial.

Este aval de la Corte reactivará entonces la causa que investiga el pago de sobreprecios por parte del Estado Nacional ocurrido 22 años atrás, en el que se encuentran acusados ejecutivos de la empresa multinacional I.B.M. y ex funcionarios del Gobierno Argentino que en su momento integraban el DGI (lo que hoy es la AFIP). 

El argumento de Hornos fue que "quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado atenta contra el sistema democrático y ese ataque a la democracia debe ser juzgado cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido". “Al no haberse establecido constitucionalmente diferencias, este supuesto de atentado contra el sistema tiene las mismas consecuencias jurídicas establecidas por el constituyente que impiden la prescripción, el indulto y la conmutación de penas”, argumentó en su momento el magistrado.