Casal tendrá que dictaminar si la demanda está dentro de lo que se denomina como “competencia originaria de la Corte”, es decir, si es un conflicto en el que tiene que si o si intervenir el Máximo Tribunal, como son por ejemplo las causas entre provincias. Si considera que lo es, deberá opinar si corresponde darle un amparo que frene la quita hasta que se discuta el fondo: si el decreto es o no constitucional.

La opinión de Casal no es vinculante, lo que significa que la Corte puede seguir esa línea o no. 

En el escrito presentado la semana pasada, el Gobierno de la Ciudad había solicitado que “se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 por ciento originado en el Consenso Fiscal".

Además, había requerido que la Corte ordene “el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales”.