Marcelo Bailaque es juez federal de Rosario hace más de una década. Ocupa una silla caliente, en una jurisdicción atravesada por las distintas bandas dedicadas al narcotráfico. Recién hace pocas semanas y después de múltiples denuncias públicas, un trabajo conjunto de varios fiscales le imputó distintos delitos que van desde el incumplimiento de los deberes de funcionario público a la sospecha de estar involucrado en el entramado de un líder narco. 

En concreto, le atribuyeron no haberse excusado de intervenir en la investigación de una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado que tramitaba desde 2013. En ese momento, el magistrado tenía como asesor contable personal a un hombre que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas a Alvarado y a su exmujer.

Pero no solo es complicado su panorama judicial sino que corre riesgo de llegar a un juicio político que podría terminar con su destitución. Tal como consignó Data Clave la semana pasada, el Consejo de la Magistratura avanza con los distintos expedientes que hay en su contra.

En ese sentido, la comisión de Acusación del Consejo tiene 4 denuncias en contra del magistrado federal, que se encuentran acumuladas. Este miércoles, se le rechazó el pedido que hizo para extender el plazo de respuesta en el marco del artículo 11 del Reglamento. Allí se estipula que el juez, tras las sustanciación de los casos en su contra, podrá defenderse por escrito de las acusaciones, además de designar defensor y ofrecer pruebas.

Denuncias y panorama

La denuncia más importante fue la que hicieron los fiscales provinciales Matías Edery y Luis Schiapapietra que aseguran que Bailaque entorpeció investigaciones ligadas al narcotrafico en especial las relacionadas al capo narco Lindor Alvarado.

A ese expediente se le acumularon 3 denuncias más. Una fue la de la diputada provincial de Santa Fe Lionela Catallini quien denunció qué Alvarado y Bailaque compartían contador y que además su hijo trabajaba en el juzgado de Bailaque.

Por otro lado, el fiscal general de Córdoba Maximiliano Hairabedián se dirigió al Consejo porque manifestó que en una cuestión jurisdiccional, Bailaque no hizo movimientos durante al menos 8 años y 7 meses.

La última denuncia que tiene Bailaque en el Consejo es de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario luego de haber allanado su despacho y otras dependencias impositivas provinciales.

Ante este panorama y con una investigación penal ya sustanciada, la Comisión de Acusación avanza para clarificar las diversas acusaciones que hay en contra del magistrado penal. De comprobarse los hechos, en 2025 podría darse una votación en el plenario con todos los consejeros que derive en un juicio político.