El gobierno nacional define por estas horas la publicación en Boletín Oficial de la reglamentación de una medida contenida en el DNU 70/2023 para la desregulación del sistema de salud que apunta directamente a una de las principales cajas de los sindicatos.

Una de las principales reformas que busca establecer la Casa Rosada y que empezarían a correr tras la reglamentación es que los beneficiarios puedan optar entre obras sociales y prepagas. En ese marco, se suprime el régimen que obliga al trabajador a permanecer un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo. Se podrá elegir libremente desde el inicio de la contratación para un puesto laboral. Este derecho de optar se podrá hacer una vez al año.

En base a estos trascendidos, Jose Luis Lingieri, referente del área de Salud de la Confederación General del Trabajo respondió a las posibles medidas del gobierno nacional contra las obras sociales sindicales.

“La desregulación ya estaba desde la década de los 90 en el gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo”, aseguró y advierte que la libre elección elimina que “el trabajador tiene que permanecer un año en su OS de origen y ahora lo puede hacer durante el año en la nueva actividad en la que ingrese”. 

De esta manera, la modificación es que “se incorpora la medicina prepaga en forma voluntaria”, por lo que “se debería inscribir en el registro de obras sociales en la Superintendencia de Salud (SSS) y deben aportar el 20% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)”. Desde la CGT reafirman que la “eliminación de la triangulación que se hacía entre OS y prepaga” era un tema largamente pedido por la central obrera y que “ahora el trabajador puede hacer directamente el aporte a la prepaga en caso que opte por esta, y una vez echa la opción deberá permanecer un año en la misma”. 

Sin embargo, apuntan que sigue sin tener resolución “es el tema de los medicamentos de alto precio, los monotributistas que deberían ser de carácter obligatorio y no voluntario para el grupo familiar y los jubilados que opten por la obra social de la actividad, el PAMI debería transferir la parte que le retienen, como así mismo el tema de la discapacidad que se lleva el 90 % del FSR; además habría que aclarar que en la medicina prepaga atiende a 6.000000 de personas (incluyendo a los que triangulan con las obras sociales)”. 

Por último, para Lingieri, secretario de Acción Social y Salud en la CGT, “sin un replanteo del Programa Médico Obligatorio que defina reglas claras de cobertura y acceso a los servicios, la judicialización de la salud seguirá siendo distorsiva tanto para el financiamiento del sistema como para los resultados Sanitarios”, sentenció. 

“Somos 46.000000 de argentinos, y el problema de la salud no se soluciona permitiendo que esos 6.000000 que pueden pagar un prepago no tengan que ir obligatoriamente a una obra social”, cerró el vocero sanitario de la CGT.