La batalla judicial entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sigue sumando capítulos. Esta vez, la situación se complicó con la recusación sin causa del juez federal Diego Cormick, quien hasta el momento estaba a cargo del caso en el fuero Contencioso Administrativo. 

Esa herramienta, que se puede usar solo una vez, ya había sido aplicada por la UBA apenas fue sorteada la causa. Tras esto, el caso fue derivado a la mesa de entradas de la Cámara Contencioso Administrativo Federal para el sorteo de un nuevo juez que debería ser, en principio, el definitivo. A media tarde, se confirmó que será Santiago Carrillo, del juzgado 3 de ese fuero.

El conflicto arrancó cuando la SIGEN, liderada por Miguel Blanco, reclamó que se rechace la medida cautelar solicitada por la UBA, la cual busca impedir que el organismo audite sus cuentas. En el escrito de contestación de demanda, Blanco afirmó que aceptar la cautelar podría "comprometer el interés público de modo irreversible" al afectar el control de fondos públicos destinados a la universidad. "Resulta evidente que el dictado de la medida cautelar solicitada" por la UBA podría, según el funcionario, vulnerar objetivos constitucionales fundamentales.

Desde la SIGEN argumentaron que auditar los fondos no implica intervenir en la universidad, sino "verificar la gestión económica y financiera para garantizar transparencia y optimizar el uso de los recursos públicos". Según el organismo, dejar sin auditar los fondos transferidos por el Tesoro Nacional a la UBA podría tener efectos irreversibles en el interés público, "porque dejaría sin auditar la aplicación de los cuantiosos recursos asignados a esa casa de estudios que aún no se han rendido."

En respuesta a la demanda de la universidad, SIGEN aclaró que la auditoría solo abarca los fondos provistos por el Estado Nacional y no implica revisar los planes de estudio ni otros ingresos autónomos de la UBA. Además, se recalcó que este control no supone ningún costo adicional para la universidad.

El juez Cormick había dado plazo a la SIGEN para responder en cinco días hábiles, tiempo en el cual la Sindicatura presentó su respuesta e incluyó la recusación del magistrado. Esto motivó que el expediente sea enviado a la Cámara para un nuevo sorteo, en un intento por definir finalmente al juez encargado de tomar una decisión en esta disputa de control.

La demanda de la UBA no se limita a la medida cautelar: busca una declaración de inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto 1344/07, al que considera incompatible con normas constitucionales y leyes nacionales sobre autonomía universitaria. La universidad argumenta que el decreto viola su autonomía al autorizar a la SIGEN a ejercer un control interno sobre sus fondos.

En el pedido de medida cautelar, la universidad solicitó a la Justicia que ordene al Poder Ejecutivo Nacional y a la SIGEN que "se abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones" a la UBA, en especial la auditoría que la SIGEN planea realizar a partir del 28 de octubre, la cual, según la demanda, carece de competencia legal.

Por su parte, el escrito de la UBA menciona que la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior garantizan a las universidades un marco de autonomía en su administración. Por eso, la demanda pide a la Justicia que clarifique la relación entre la SIGEN y la Universidad de Buenos Aires y que establezca la inconstitucionalidad de la disposición legal que habilita la auditoría.