La Cámara Federal de Casación convocó para el 26 de mayo de 2022 a la audiencia previa a resolver si confirma o no la condena a 12 años de prisión impuesta al empresario Lázaro Báez por "lavado de activos". La decisión fue de los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky con la disidencia de la camarista Ángela Ledesma, todos miembros de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país.

La convocatoria se hizo con cinco meses de anticipación ante la "complejidad" de la causa en la que el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue juzgado junto a sus hijos y otros acusados por el Tribunal Oral Federal 4, que emitió veredicto en febrero último. La causa quedó radicada en agosto ante esa sala de Casación y se resolvieron diferentes planteos de las partes.

La defensa de Báez reclamó que se fije fecha de la llamada "audiencia de informes" y los jueces Borinsky y Carbajo resolvieron convocarla para el 26 de mayo de 2022 a la 10. Si las partes desean hablar ante los jueces en vez de presentar escritos, la audiencia se hará "de manera virtual". La defensa de Báez pidió fijar fecha para esa audiencia con anterioridad al inicio del receso de verano la semana próxima, en base al "derecho de defensa en juicio".

Ledesma, en minoría, se opuso a la fijación de la audiencia "de manera unilateral" y sin su "conformidad" pues "resultan exiguos los tiempos de estudio y análisis del caso en razón de su volumen y complejidad, de modo tal de cumplir con los plazos legalmente previstos".

"Sin mi conformidad, la decisión que aquí se adopta -insisto, en un caso extremadamente complejo y voluminoso- afecta las reglas de convivencia y de respeto mutuo que debieran primar entre los integrantes de un tribunal colegiado; actitud sin precedentes entre pares", sostuvo la magistrada. Ledesma integrará desde el año próximo la sala II de Casación.

La causa

En febrero pasado, Lázaro Báez fue condenado -por voto mayoritario- a la pena de 12 años de cárcel por el delito de lavado de dinero en el caso conocido como la Ruta del Dinero K.  El veredicto estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) y se acusó al contratista de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Por ese motivo, deberá pagar una multa de 480 millones de dólares.

La imputación sostiene que el dinero volcado a las maniobras de blanqueo, provino de la obra pública vial y los delitos tributarios, como delito precedente. Este planteo tuvo el aval de dos de los magistrados del TOF: Néstor Costabel y Adriana Pallioti, en tanto Gabriela López Íñiguez se pronunció en disidencia. 

Los hijos del empresario también quedaron involucrados. Se condenó a Martín Báez a la pena de nueve años; a Leandro, como parte de la organización que se dedicó a las maniobras de blanqueo, le recayó una pena de cinco años, y la acusación más leve y en suspenso, fue para las hijas del empresario: Melina y Luciana fueron sentenciadas a tres años.