Desde que la Legislatura Porteña sancionó el año pasado el artículo 4 de la ley 6452 que le permite al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revisar sentencias civiles, comerciales, laborales y penales, el conflicto entre la justicia de la ciudad y la justicia nacional empeoró. Este jueves, el Consejo de la Magistratura decidió -por mayoría- manifestarse en contra de la legislatura y consideró que había una situación de gravedad institucional.

En octubre, la legislatura porteña “habilitó” al TSJ a revisar las sentencias de la justicia nacional, decisión que coincidió temporalmente con un reclamo que hizo el Grupo SOCMA en la causa Correo Argentino. Allí, la compañía buscaba justamente la intervención del Tribunal de la Ciudad, a pesar de que se lo habían negado.

La idea de poner a la Corte porteña fue considerado como un avasallamiento al Congreso Nacional, el que regula la situación de la justicia criminal y correccional, de la laboral, la civil y la comercial en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso está vigente una cautelar que frena la decisión del poder legislativo porteño.

Desde hace semanas estaba pendiente una discusión sobre el tema en el Consejo de la Magistratura, el que por mandato constitucional es quién confecciona los concursos de jueces nacionales y quién debe controlar las cuestiones disciplinarias que los involucran. Los tres magistrados que actualmente integran el Consejo se pusieron de acuerdo: Alberto Lugones, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta sostuvieron que el consejo debía pronunciarse sobre el tema y marcar una “profunda preocupación” por la sanción de la ley porteña.

“Esa modificación legislativa excede las facultades de la legislatura porteña y conforma un supuesto de gravedad institucional”, sostuvieron los consejeros jueces y justamente marcaron que esa ley habilita incluso a que el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires se inmiscuya a decidir sobre los procesos de selección y disciplinarios de magistrados nacionales.

“Se está afectando la garantía de juez natural y como Consejo debemos garantizar que el esquema de funcionamiento del Poder Judicial no se vea afectado por decisiones que asumen funciones que no le son propias”, afirmó Lugones, actual presidente del Consejo de la Magistratura, quién afirmó que incluso se ve afectada la seguridad jurídica y que la norma es inconstitucional.

Quienes no coincidieron con el planteo fueron Pablo Tonelli y Diego Marías, quienes consideraron que el Consejo no tenía siquiera competencia para expedirse sobre el tema. En un momento, ante la mención del traspaso de competencias a la Ciudad, el abogado Marías interrumpió para decir que la ley porteña no mencionaba estrictamente eso. “Si tiene cola de perro, cuatro patas de perro y ladra como perro, es un perro pero si quiere le llamamos rinoceronte”, le contestó, con ironía, Lugones.

El presidente del Consejo protagonizó otro momento curioso en el plenario. Antes de votar, proclamó: “nunca la Ciudad de Buenos Aires va a ser provincia, por más que la quieran inventar”. Entre risas, el representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz expresó: ¡viva la santa confederación!

Luego del momento de distensión, se procedió a votar para ver qué postura ganaba. Por el si al comunicado con críticas a la legislatura votaron los tres jueces, Ustarroz, Diego Molea, Vanesa Siley y Mariano Recalde. En contra, se manifestaron Tonelli, Marías, el abogado Carlos Matterson y la senadora Silvia Giacoppo.