La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que detectó numerosas irregularidades en el proceso de renegociación integral del contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional y AUSOL S.A. durante el gobierno de Mauricio Macri. El informe se cierra justo antes del recambio parlamentario y la posterior designación de nuevos directores en el cuerpo.

Autopistas del Sol S.A es la empresa que tiene a su cargo el cobro de los peajes en las autopistas Panamericana con sus ramales Pilar, Campana y Tigre y la General Paz. Cabe recordar que el 7 de diciembre de 2015 la empresa española Abertis S.A, accionista principal de AUSOL, inició una demanda por un monto de 358,6 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal arbitral dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.

La demanda se inició sin pasar previamente por los tribunales locales, hecho que fue observado por la Procuración del Tesoro de la Nación. En este marco, a mitades del 2016 se dio inicio al proceso de renegociación integral del Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y AUSOL SA.

El ANG realizó una auditoría de gestión en el período que abarcó desde el 17/02/2016 hasta el 02/07/2018. La misma se basó en la gestión del ex Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en el dicho proceso de renegociación.

Durante una sesión realizada este miércoles, el Colegio de Auditores Generales aprobó por mayoría el informe producto de dicha auditoria. El mismo reveló que Vialidad Nacional le reconoció a AUSOL 540,5 millones de dólares cuando el reclamo había sido por 358,6 millones de dólares.  Y no se pudo verificar la existencia de elementos que fundamenten técnicamente el monto reconocido.

Además, se incumplió con el proceso de renegociación de los Contratos ya que para la aprobación de la propuesta de renegociación, no se dio intervención al Congreso de la Nación, incumpliendo la Ley 25.790. Asimismo, el acuerdo alcanzado entre el Estado Nacional y la empresa AUSOL, debe estar fundamentado técnicamente previo a su firma, situación que no se dio. 

La Procuración del Tesoro de la Nación expresó que Abertis S.A, “debió entablar su demanda ante los tribunales argentinos, previo al reclamo ante el CIADI”. También manifestó que “gran parte de sus reclamos se encontraban prescriptos”. Pese a ello, el auditado consideró los montos reclamados en la demanda ante el CIADI como parámetro para el proceso renegociador. También, se condonaron penalidades a AUSOL sin justificación.

Asimismo, el informe precisó que las cláusulas sobre resolución de controversias incorporadas al contrato entre AUSOL y el Estado Nacional, permiten a AUSOL la posibilidad de dar por terminado el acuerdo y reclamar sin limitación alguna lo que la empresa considere como incumplimientos del Estado Nacional.

Y que el nuevo plan garantiza a AUSOL fondos mínimos equivalentes al 7,69% de la inversión neta y una tasa interna de retorno del 8% en dólares injustificadamente. Sin embargo, no asegura el cumplimiento de obras previstas ni el mantenimiento de un servicio público de calidad.

El acuerdo también limita las facultades del Órgano de Control en materia tarifaria y elimina el derecho de los usuarios al levantamiento de la barrera cuando se supera un tiempo máximo de espera o se generan filas de más de 15 vehículos.