Los reclamos comenzaron hace meses: la Cámara Nacional Electoral y la jueza federal y electoral María Romilda Servini advirtieron varias veces sobre la importancia de vacunar a aquellos que participan del proceso eleccionario. Esta semana, luego de que se conociera la internación de la magistrada a causa de complicaciones derivadas del COVID-19, el presidente de la Cámara, Santiago Corcuera, le envió una nota directamente al ministro del Interior Wado de Pedro donde cambió el esquema de su planteo: ahora hace hincapié en la importancia de las autoridades de mesa además de los 2700 empleados y empleadas judiciales. 

El tiempo es tirano: más allá de los acuerdos y las presentaciones para modificar la fecha y aplazar la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo único que está vigente hasta ahora es el cronograma electoral. Allí está fijado que el 27 de abril es el cierre del padrón provisorio, exactamente 180 días antes de los comicios generales. 

“Si no vacunan a todo el equipo no se pueden hacer las PASO”, dijo hace apenas una semana Servini en una entrevista que le dio al programa “Fantino a la tarde” de América TV. En marzo, la Cámara Electoral le había alertado al Ministerio de Salud sobre el tema: "La vacunación de los judiciales es necesaria en tanto realizarán tareas que exigen inexorablemente la realización de trabajo presencial, en circunstancias que impiden en todo momento mantener el distanciamiento previsto como medida de prevención por las directivas emitidas por la autoridad sanitaria", había dicho.

El escrito de esta semana, al que tuvo acceso Data Clave, plantea ahora la necesidad de vacunar a aquellas personas que serán convocadas como autoridades de mesa. El cálculo es que para una elección a nivel nacional son necesarios alrededor de 200 mil ciudadanos y ciudadanas.

“La confianza pública en la integridad de nuestros procesos electorales reposa, en buena medida, en que todas las cuestiones esenciales de la jornada de votación están a cargo de ciudadanos y ciudadanas que son designados aleatoriamente entre el cuerpo de electores, de modo que esas personas representan la máxima autoridad de los comicios y la principal garantía de imparcialidad y neutralidad en su conducción, control y juzgamiento”, señala el juez Corcuera.

El magistrado le dice a De Pedro que se requieren garantías mínimas para que las autoridades lleven adelante su tarea de manera segura. “El Tribunal descuenta que ese Ministerio compartirá la necesidad de inmunizar a las autoridades de mesa contra el Covid-19”, sostiene y le aclara que eso está lejos de enmarcarse “en una puja sectorlal para determinar a qué personas se les otorga prelación en el plan nacional de vacunación”, sino que se trata de garantizar la participación en condiciones seguras.

Para cerrar, Corcuera solicita que, más allá de este reclamo, se gire a la Cámara “la nómina de personas que se encuentren vacunas para priorizar entre ellas la modalidad de designación”. Cabe resaltar que, hasta ahora, en el cronograma electoral está fijado que a principios de julio se debe definir a las autoridades de mesa ya que el 8 de agosto se realizarían las PASO.

Covid-19 en Tribunales, una preocupación

La situación que vivió esta semana la jueza de Ejecución Penal, María Jimena Monsalve, caló hondo en el ambiente tribunalicio. La magistrada se contagió de COVID-19 y no conseguía cama para que la internen. El rol de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación fue muy criticada: muchos empleados y magistrados hablan de su atención deficiente, de cómo se recortan prestaciones e incluso señalan que ciertos sanatorios privados dejaron de atender a personas con síntomas de COVID que vinieran con la obra del Poder Judicial.

La semana pasada, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana Catucci, le elevó una nota al presidente Gustavo Hornos donde le advertía sobre “problemas en la aceptación de órdenes digitales”. En ese mismo sentido se expresó, la Lista Bordó (la agrupación de jueces que lidera la Asociación de Magistrado): “Manifestamos nuestra preocupación ante el evidente deterioro que presenta tanto la gestión administrativa como el alcance de la cobertura de salud que brinda”.

Como respuesta a las críticas, la Corte Suprema decidió crear la “Comisión de Informatización” para mejorar los procedimientos internos e informatizar los trámites de la obra social. Cabe resaltar que la obra depende del Máximo Tribunal.

A este panorama de deficiencias se le agregan los contagios por la concurrencia. Ya en septiembre del año pasado, Data Clave había alertado sobre la situación ya que muchos de los magistrados no respetan las distintas resoluciones que hablan de utilizar mayoritariamente la modalidad virtual de trabajo y hacen que empleados y empleadas vayan de forma presencial a lugares con poca ventilación y donde el aislamiento social es casi imposible.