El Gobierno nacional ya lo tiene decidido y convocará a a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero. La idea es que la Cámara de Diputados lleve adelante el proceso de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. 

El oficialismo tendría los votos para emitir un dictamen en la Comisión de Juicio Político, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT), sin embargo, lejos está del número necesario para aprobarlo en el recinto. Juntos por el Cambio ya cerró la puerta a cualquier tipo de acercamiento, lo que sepulta los deseos del Gobierno.

Más allá de la falta de votos y el escaso margen de negociaciones, los especialistas y agrupaciones vinculadas al Derecho plantearon sus dudas respecto a los fundamentos que esgrimió el Ejecutivo en su presentación. La principal acusación contra los cuatro jueces se basa en la reciente cautelar dictada por los fondos coparticipables, en el marco del reclamo que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires; pero también por los diferentes conflictos que se suscitaron por la integración del Consejo de la Magistratura. 

“Se invoca como causales el modo como la Corte ejerció el control de constitucionalidad respecto de una ley del Congreso referente al Consejo de la Magistratura, y a una medida cautelar en un juicio de jurisdicción originaria relativo a la coparticipación que le correspondería a la Ciudad”, señaló el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y advirtió: “Es lisa y llanamente inadmisible sostener el pedido de remoción en la discrepancia acerca de la interpretación de normas de la Constitución Nacional, pues precisamente la Corte Suprema es el único y exclusivo órgano al que le compete esa función”.

Esta misma postura fue expresada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) que, a través de un comunicado, aseguró que la "promoción de un juicio político por el contenido de pronunciamientos judiciales, más allá del acierto o error de estos últimos implica una injerencia en la actividad jurisdiccional” al pretender “condicionar el ejercicio independiente de la magistratura”.

Pero hay un caso internacional que podría jugar en contra de las pretensiones del Ejecutivo. Se trata del caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a Paraguay por la violación de la independencia judicial en perjuicio de los entonces jueces Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, quienes fueron destituidos de sus cargos del máximo tribunal local.

En este caso, el Tribunal señaló que resulta contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos - a la que también adhirió Argentina- el juicio político fundamentado “en el contenido de las decisiones que aquellas autoridades hayan dictado, en el entendido que la protección de la independencia judicial impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones que se emitan en el ejercicio de la función jurisdiccional, con la excepción de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia”. 

Juicio político contra la Corte: a la falta de votos, el Gobierno suma un nuevo problema a futuro

“De otro modo, las autoridades judiciales se podrían ver sometidas a interferencias indebidas en el ejercicio de sus funciones, en claro detrimento de la independencia que necesariamente debe garantizárseles para que cumplan eficazmente su importante rol en un Estado de derecho”, señala la sentencia que contó con la firma del exjuez de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni.