Juicio Político: piden nuevas citaciones mientras avanza la investigación por el manejo de la Obra Social
La Cámara de Diputados analiza supuestas irregularidades y malversaciones en la gestión de la OSPJN. También requerirán a la justicia que arbitre las medidas necesarias para hacer comparecer a Marcelo Jorge Mazzeo. El abogado ya se negó a concurrir en dos oportunidades.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunió este martes para avanzar en la investigación sobre irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), como parte del juicio político a la Corte Suprema iniciado por ese cuerpo en febrero pasado.
Tras escuchar los testimonios en torno al fallo del máximo tribunal de aplicación del 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, la comisión que preside Carolina Gaillard avanzó en el análisis de las causas vinculadas a supuestas irregularidades en la OSPJN.
Entre los testimonios, la Comisión escuchó a María Cristina Interland, perito y médica legista. Interland fue parte de la Comisión Auditora -integrada por dos médicos, dos abogados y dos contadores-, dispuesta por los ministros del tribunal, que se centró en analizar qué pasó en la OSPJN entre abril de 2008 y septiembre de 2021. “En el informe pusimos que como el sistema no estaba informatizado no se podía tener un buen control del stock de medicamentos, la compra de los mismos y la venta”, afirmó.
Las denuncias sobre las irregularidades en la administración y gestión de la obra social del Poder Judicial alcanzan a todos los integrantes de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-, ya sea por la comisión de delitos, de acuerdo a las investigaciones judiciales penales en curso, o por mal desempeño de sus funciones.
Entre las hipótesis sobre las que trabajará la comisión, se buscará comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria que habilitaba la delegación de firma.
Además, se investigará una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre "groseras" irregularidades en la registración contable, así como un "incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control".
Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentara Elisa Carrió contra Lorenzetti por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social", y su "incidencia" ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.
Además de estas cuestiones, se investigan denuncias sobre autorización de tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados y la numerosa cantidad de juicios por mala praxis, así como faltantes de medicamentos y el desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.
Más citaciones
En el encuentro, la Comisión decidió citar a los auditores externos Nicolás Jacinto Serafini, Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez. Los legisladores también requirieron la presencia de María Betina Bonuccelli, subsecretaria administrativa de la vocalía de Maqueda, y Andrés Sacchi, director general de Sistemas de la Corte.
Respecto al fallo del 2x1, los legisladores resolvieron convocar al extitular de la Procuraduría de Lesa Humanidad Jorge Auat y al secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri, Claudio Avruj.
También se aprobó pedir a la justicia que convoque por la fuerza pública al abogado Marcelo Jorge Mazzeo, quien se ausentó en dos oportunidades e informó hace un mes por Twitter que no iba a concurrir: “Voy a dejar en claro que NO me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina".