La Cámara del Crimen decidió hoy disparar contra la reforma judicial planteada por el Gobierno Nacional. En un Acuerdo General (que no es un fallo estrictamente hablando), dejaron bien en clara su opinión: habló de “completo desguace y desmantelamiento” del fuero y acusó al oficialismo de no conocer el trabajo que se lleva adelante allí. 

“Su sanción afectaría el funcionamiento de los Tribunales de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a sus magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados”, dijeron los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Los que firmaron este acuerdo son los jueces: Alberto Seijas; Mariano González Palazzo; Juan Esteban Cicciaro; Rodolfo Pociello Argerich; Julio Marcelo Lucini; Mauro Antonio Divito; Ricardo Matias Pinto; Mariano Scotto; Ignacio Rodríguez Varela; Hernán Martín López; Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.

El juez Seijas podrá plantear todos sus reclamos mañana, cuando se presente de manera virtual en el Senado de la Nación para discutir la reforma, ya que es el presidente de la Cámara. En el escrito de hoy, hablaron de las vacantes que hay actualmente en este fuero y que subrogar los 23 nuevos lugares que plantea crear el Gobierno por los nuevos juzgados federal va a “resentir la administración de justicia”.

Con varias citas a antecedentes jurídicos, consideraron que el proyecto significa “el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero”. “La iniciativa carece de consideraciones o antecedentes relativos al funcionamiento concreto del servicio de justicia brindado por todos los tribunales y fueros involucrados, como los referidos a la cantidad de casos ingresados en cada uno de ellos, resoluciones interlocutorias o definitivas dictadas y situación de las personas procesadas y condenadas, con precisión de su cuantía absoluta o promedio relativo por oficina, así como el tiempo de tramitación insumido, cumplimiento de los plazos procesales, de los procedimientos legales tales como las audiencias públicas, reglas especiales -como la flagrancia”, discutieron los jueces.

Quizás lo más fuerte es que plantearon que el traspaso a la ciudad podría generar “la afectación a las garantías constitucionales de estabilidad e intangibilidad de la función judicial -que son reaseguros de su imparcialidad-, como un trato desigual hacia el conjunto de las juezas y los jueces afectados”. ¿Esto significa que la reforma fue declarada inconstitucional? No. Primero porque es un proyecto que aún se está debatiendo y porque un acuerdo no tiene la potestad para decretar ese tipo de aseveraciones. El escrito es simplemente la postura que tienen los camaristas.

La nota recorrió rápidamente despachos de jueces/zas, fiscales/as y defensores/as que ya estaban alertas desde la semana pasada. La mayoría coincide en lo desprolijo de la reforma, de la poca conveniencia de desarmar un fuero “que funciona” y donde se llevan adelante las causas que actualmente tiene muchísimos impacto mediático como robos, abusos sexuales y homicidios.

“Estamos haciendo trabajo de 16 horas al día y nos vienen a señalar que no funcionamos y ni siquiera nos garantizan qué va a suceder con nosotros”, dijo a Data Clave una secretaria de una fiscalía de instrucción. Lo otro que señalaron varios integrantes del Poder Judicial está relacionado a la imposibilidad de ocupar finalmente esas vacantes y deslizaron que esto podría derivar en que se nombren conjueces, abogados/os que puedan ejercer como magistrados en ciertas circunstancias.