“Todo nuestro sistema jurídico se hallaría desnaturalizado si cada uno de los imputados en un caso presentara su propia hipótesis ante un nuevo Tribunal y desde allí se otorgue una interpretación distinta de ese mismo suceso”, dijo hace algunas semanas la fiscal Fabiana León en un dictamen que presentó ante el Tribunal Oral Federal Nº7. ¿A qué se refería? A la causa que lleva hace meses el juez Marcelo Martínez de Giorgi y donde se realizó un peritaje sobre los cuadernos a pedido de uno de los acusados.

La historia tiene idas y vueltas: la parte principal de la causa Cuadernos está en el Tribunal hace más de tres años y aún no tiene fecha de juicio. Por otra parte, en el juzgado que subroga Julián Ercolini (que solía pertenecer a Claudio Bonadio) quedaron algunos tramos menores de expediente. Finalmente, está la causa que lleva Martínez de Giorgi y que se centra específicamente en las irregularidades halladas en los cuadernos, algo que denunció el empresario Armando Loson, imputado en el tramo principal.

El entrecruzamiento generó serios cuestionamientos desde el Tribunal hacia el juez Martínez de Giorgi pero la que fue más dura fue la fiscal, que pide directamente que se aparte de ese expediente. En este caso, lo hizo al detectar que el magistrado no podría continuar al mando debido a que en su momento se apartó de la causa Cuadernos debido a una cercanía con uno de los abogados que está imputado, Miguel Ángel Plo.

“Si antes el juez estaba impedido, y así lo entendió, de intervenir en una causa donde se investigaba el comportamiento de personas allegadas (amistades), tanto lo está de apreciar y pronunciarse -incluso por vía indirecta- sobre prueba (medios) que hacen a esa imputación”, sostuvo la representante de la fiscalía. El planteo deberá ser resuelto por el Tribunal pero es bastante inédito que se solicite en el marco de una causa el apartamiento de un juez que formalmente lleva adelante otro expediente (aunque esté  intimamente relacionados en su contenido).

Cabe recordar que en la causa que lleva Martínez de Giorgi, se recibieron hace algunos meses los resultados de un peritaje que se realizó sobre las anotaciones de Centeno y se detectaron más de 100 irregularidades y tachaduras. El peritaje fue solicitado por la defensa de Loson: como consecuencia de esto, se analizaron los registros caligráficos oficiales de Hilda Horowitz -la exmujer de Centeno- y de Jorge Bacigalupo, el amigo del exchofer. 

Si bien el análisis sobre la letra de la mujer dio negativo, el estudio sobre la letra de Bacigalupo abrió sospechas: “No puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados, cuya sospecha habilita a indagar en la recolección de otras pruebas válidas para el éxito de la investigación”, se sostuvo. Por este motivo, a principios de marzo de este año se allanó su vivienda.

Justamente Bacigalupo fue quien planteó -con idénticos argumentos que la fiscal del caso Cuadernos- que Martínez de Giorgi debe apartarse de esta causa. El magistrado lo rechazó y el conflicto pasará a ser definido por la Cámara Federal. ¿Qué pasaría si ese Tribunal convalida la actuación del juez pero el Tribunal del caso Cuadernos decide cuestionarla? ¿O si sucede al revés? ¿Clarificaría el panorama la Cámara de Casación Federal, que ya le reclamó celeridad a los jueces que deben hacer el juicio? A casi cinco años de iniciada la megacausa, el panorama no se vislumbra demasiado claro.

A todo esto se le suma que Ercolini, en febrero de este año y a instancias de un fallo de la Cámara Federal, decidió mandar a Loson a juicio oral a pesar de las irregularidades en los cuadernos. En ese fallo, se rechazó el argumento de que las tachaduras y demás sean suficientes para decretar la nulidad. Con este argumento como punto de partida, Ercolini selló la cuestión: “las defensas tampoco alegaron razones que me convenzan de que la continuidad del trámite conforme el proceso legal establecido pueda redundar en algún perjuicio concreto”.