Después de tres meses de trabajo, la comisión de asesores que creó Alberto Fernández emitió y presentó un informe final donde realizan una serie de recomendaciones y conclusiones para cambiar el funcionamiento y desempeño de lugares clave dentro del sistema judicial. Uno de los puntos que se discutió es el de la elección de Procurador y los votos necesarios para aprobar un candidato.

En la actualidad, se necesitan los dos tercios de los votos de los senadores presentes en una audiencia para llegar al cargo. Seis de los integrantes votaron por modificar este requisito y pasar a una mayoría simple: Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, el histórico abogado Carlos Arslanian; la jueza de la Corte Suprema de Tucumán Claudia Sbdar; el juez de la Corte de Mendoza, Omar Palermo; la abogada especialista en cuestiones civiles y de género Marisa Herrera; y el constitucionalista Gustavo Ferreyra.

Por otro lado, las personas que sostuvieron que debía quedar con la mayoría especial fueron la actual jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Inés Weinberg (candidata de Mauricio Macri a la Procuración); y las jueces de las cortes provinciales de Buenos Aires y Tierra del Fuego, Hilda Kogan y María del Carmen Battaini junto al abogado Andrés Gil Domínguez y al jurista Enrique Bacigalupo. La explicación recae en el rol clave que tiene el Procurador: entienden también que debe ser equiparable a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente no tienen un mandato prefijado y son elegidos por la mayoría especial del Senado.

En lo que sí hubo acuerdo unánime fue en que la forma de remoción debe ser a través del juicio político. Esto garantizaría que la estabilidad en el cargo no “tambalee” ni se esté “a tiro de una audiencia del Senado”. Con respecto a la duración en el cargo, 10 de los especialistas marcaron que se debe acortar el mandato, que ahora es vitalicio (aunque técnicamente es hasta los 75 años). Cinco o siete años con la posibilidad de renovar el mandato fue la fórmula que se repitió entre las recomendaciones.

Con respecto a la Corte Suprema, y tal como adelantó Data Clave, las recomendaciones no estuvieron orientadas a una posible ampliación sino a garantizar un funcionamiento más eficaz. Para eso, los debates se dieron sobre la posibilidad de crear un tribunal intermedio para que recepcione algunos casos. El análisis contempló que, en muchos casos, es el Estado el que lleva causas a la Corte, como son los reclamos por haberes jubilatorios, que colapsan el fuero de Seguridad Social. Esto tampoco fue unánime. Cabe recordar la experiencia con las Cámaras de Casación que creó el kirchnerismo y que no se pusieron jamás en funcionamiento: la idea ahí también fue “descomprimir” el trabajo de la Corte.

El Consejo de la Magistratura formó parte de la discusión: cambiar su composición es uno de los temas que viene arrastrándose hace tiempo. Incluso en la Corte está pendiente de resolución una causa donde se establecía la inconstitucionalidad de la actual formación. En ese sentido, el documento propone llevar a 16 los integrantes (hoy son 13) y que haya cuatro políticos, cuatro representantes de jueces, cuatro abogados/as y cuatro académicos/os, lo que resultaría en una reducción del componente político. Cambios en cómo funciona internamente, tiempo de validez de una denuncia, mayor transparencia son otros aspectos que se tuvieron en cuenta.

Todas las recomendaciones están contenidas de forma global en el documento. Luego, están bien aclaradas las opiniones y las disidencias, en línea a lo que suele hacerse por ejemplo en los votos de fallos judiciales. Otro de los aspectos que se trató fue el juicio por jurados y cómo lograr una implementación en todas las jurisdicciones del país, ya que actualmente solo algunas provincias lo tienen implementado.

Con el documento en su poder, el Presidente podrá decidir qué hace: si decide enviar algún proyecto al Congreso, si espera lo que suceda con la reforma judicial (actualmente freezada en Diputados) o si espera que en el Senado avance la iniciativa kirchnerista de modificar justamente la forma en que se elige el procurador. El candidato propuesto por Alberto Fernández para ese lugar (el juez Daniel Rafecas) ya adelantó que no está de acuerdo con la flexibilización de las condiciones para acceder al cargo.

Dentro de la coalición del Frente de Todos hay visiones distintas sobre cómo avanzar en los frentes judiciales e incluso la reforma judicial generó ciertas molestias. Sin embargo, más allá de las internas, la actuación y las recomendaciones que hizo y entregó la comisión no son vinculantes ni obligatorias: las propuestas quedarán a revisión de lo que desee hacer el Ejecutivo.