Mientras el Ministerio de Justicia avanza en la implementación del sistema acusatorio en diferentes departamentos de la Justicia Federal, todavía no hay fecha para su instrumentación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En esa línea los expertos advierten que casi la mitad de los magistrados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos de la Nación están afectados a la Justicia Nacional, un sistema que, pese a su nombre, se dedica a atender asuntos locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

"En materia penal, esos funcionarios del Estado Federal, financiados por la ciudadanía de todas las provincias, se ocupan de investigar, defender y juzgar delitos “ordinarios” cometidos en esa Ciudad, como homicidios, robos, hurtos o amenazas. Es el único territorio en donde eso sucede", advierte un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

“En el resto del país, los jueces, fiscales y defensores de la Nación sólo se ocupan de casos federales, como el narcotráfico o la trata de personas. Los delitos “no federales”, en cambio, están a cargo de funcionarios provinciales. La demora en el traspaso de las competencias penales a la ciudad no sólo implica una injusticia tributaria para las provincias y una afectación a la Constitución Nacional. Es, además, uno de los principales obstáculos para contar con una Justicia Federal eficaz, en un contexto en donde los fenómenos criminales de competencia federal son cada vez más desafiantes”, agrega el trabajo.

Los especialistas recuerdan que la implementación del sistema acusatorio prevé la aplicación de políticas de persecución penal uniformes y estratégicas para los delitos federales. El ministro Mariano Cúneo Libarona, cuestionado por muchas otras cuestionas, por lo menos ha tenido el buen tino de impulsar el sistema acusatorio en diferentes jurisdicciones, como en Rosario, por ejemplo.

Pero el sistema acusatorio genera resistencias. En especial por parte de los grandes estudios de abogados, que van a requerir mayor cantidad de profesionales para poder asistir en forma presencial a las audiencias.

También genera resistencia el traspaso de competencias del fuero penal a la justicia de la ciudad. En este caso son los magistrados quienes se niegan a pasar de jurisdicción para no perder el status de jueces nacionales.

Desde INECIP advierten que “el Ministerio Público Fiscal de la Nación debe convertirse en un órgano híper-profesionalizado y especializado en la investigación y persecución de la criminalidad compleja. Difícilmente pueda lograrlo mientras buena parte de su estructura se dedique a perseguir delitos ordinarios de la CABA”. 

“La concentración de los recursos del MPFN en competencias porteñas obstaculiza el diseño y ejecución de políticas de persecución penal con mirada federal, hoy lamentablemente inexistentes. Tener a un Procurador General con un ojo en las dinámicas de los mercados ilícitos interprovinciales o transnacionales de drogas, de armas o de personas, y otro en los pequeños hurtos cometidos en la ciudad, atenta contra la lógica federal de nuestro país”, agregan. 

Explican que lo mismo sucede con el Consejo de la Magistratura de la Nación, con decenas de concursos federales demorados por su doble función de seleccionar tanto a jueces federales como a jueces “nacionales” que, en los hechos, cumplirán funciones de jueces locales en la CABA.

“El Estado Federal debe ocuparse de los asuntos federales. Es por eso que, desde la reforma de 1994, el artículo 129 de la Constitución Nacional le reconoce a la ciudad “facultades propias de legislación y jurisdicción”. Como correctamente lo interpretó la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el fallo “Corrales” (2015) en adelante, eso implica que los asuntos locales deben ser juzgados por la jurisdicción local”, agregan.

En los últimos 25 años, gobiernos nacionales y porteños de distinto signo político firmaron tres convenios que transfirieron competencias penales al sistema judicial de la ciudad. Lo único que falta es finalizar el proceso. Esta demora genera que en un mismo territorio convivan tres sistemas de justicia penal desconectados entre sí, multiplicando los conflictos de competencia en “casos tan graves como los de violencia de género”. 

Según el documento “el contexto político facilita la situación. El Gobierno porteño reclamó públicamente el traspaso y cuenta, desde el 2016, con una ampliación en la coparticipación a su favor, por lo que ya tiene el dinero necesario para asumir estas competencias. Por su parte, el Gobierno Nacional ya incluyó esta iniciativa en su proyecto original de la Ley Bases y viene impulsando la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal, que requiere, para ser exitosa, que el sistema judicial de la Nación se concentre en la competencia federal”.