El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora hizo lugar este miércoles al recurso de amparo presentado por el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y tomó la decisión de suspender la convocatoria a la audiencia pública que había sido convocado por la Secretaría de Transporte de la Nación para tratar los aumentos en el cuadro tarifario en la Provincia de Buenos Aires.

“No resulta atinente realizar la consulta pública mediante un sistema al que no todos los usuarios tienen acceso y que a su vez, contiene fallas tecnológicas, impidiendo el cumplimiento de su finalidad, de modo que los ciudadanos que deseen participar puedan dar su opinión”, consideró la Justicia.

“El aumento de tarifas, particularmente el de transporte es totalmente desproporcionado”, aseguró Gray en diálogo con Data Clave. Y agregó: “Hicieron una consulta 'trucha' para convalidar el aumento, que impugnamos judicialmente”. En su presentación, el jefe comunal había resaltado la falta de información pública adecuada y la ausencia de tiempo necesario para evaluar el nuevo cuadro tarifario y efectuar un análisis previo, algo que afecta el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las usuarias y los usuarios.

“En el tramo dos, pasaría de $ 85 a 300. Hay que tener en cuenta que un trabajador se toma varios medios en el día. Esto tiene un impacto tremendo en la población. Por eso, presentamos un amparo, donde nos concedieron una cautelar”, cerró el jefe comunal en diálogo con este medio.

El viernes pasado, el ministerio de Infraestructura, a cargo de Guillermo Ferraro había establecido un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo. “De esta manera, anulan cualquier instancia de intercambio y debate, y convierten la audiencia en un posteo de redes”, había advertido el intendente de Esteban Echeverría en su presentación. Y había agregado que “no se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía”, agregó.

La resolución que lleva la firma de Ernesto Kreplak establece un plazo de 5 días, para que la Secretaría de Transporte modifique la convocatoria original y garantice los derechos que Gray advertía como vulnerados y facilite la participación de la ciudadanía.