Golpe a cerealeras: desarticularon empresas que contrabandeaban granos por más de U$S 50 millones

La Aduana y la Policía Federal Argentina desarticularon a un grupo de personas que se dedicaban a la creación de empresas fantasmas para contrabandear granos y no liquidar las divisas al Banco Central. Se estima que conformaron 15 sociedades fantasmas para defraudar al fisco por más de U$S 51 millones.

La investigación fue llevada a cabo por detectives del Departamento de Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales en conjunto con la Dirección General de Aduanas. Comandó las directivas el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana,a cargo de Adrián González Charvay y la Secretaría Penal N°2 de Agustín Ocampo. La cusa es considerada como "NN S/CONTRABANDO ARTÍCULO 863 C.A. Y ASOCIACIÓN ILÍCITA". 

La causa comenzó en el mes de julio de este año, a raíz de una serie de denuncias realizadas por la Dirección General de Aduanas en la justicia interviniente. Ese organismo analizó los movimientos de las exportaciones de oleaginosas, descubriendo que existía un grupo de empresas fantasmas que estaban generando facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin poder acreditar solvencia para ello. La mecánica involucraba la compra de subproductos oleaginosos (maíz partido, entre otros) que luego vendían al exterior mediante técnicas de triangulación de facturas.

Según los datos de ambas dependencias, se crearon cerca de 15 empresas truchas con un total de U$S 51 millones en exportaciones, cuyo plazo de liquidación está vencido y al que sólo le ingresaron U$S 3 millones al Banco Central, dejando un 94% de excedente a los contrabandistas. En moneda local la defraudación sería por unos $15 mil millones. Otro dato particular es que ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los volúmenes exportados.

"Todo ello tendría como objetivo aprovechar la brecha cambiaria, ya que facturaban la venta de granos en moneda dólar oficial para empresas radicadas en el exterior, agotando los plazos previstos por la AFIP para la liquidación de las mismas. En efecto, las sumas monetarias serían ingresadas al país por mercados marginales (blue) aprovechando la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo", explican las autoridades.

A esto último, se sumaría la evasión impositiva por facturar los productos a una empresa intermediaria en el exterior con un ínfimo costo, para que luego desde allí se genere una refacturación a la firma importadora (compradora y adquiriente) por un monto mucho más alto, aumentando allí también la ganancia en negro.

La PFA y la Aduana conformaron una mesa de trabajo donde ambas instituciones se pusieron al tanto de las cuestiones técnicas e intercambiaron información. Así, los investigadores policiales comenzaron con el entrecruzamiento, análisis y conformación de hipótesis delictivas, logrando identificar a los presuntos autores e integrantes de la banda criminal.

Según la línea investigativa manejada hasta el momento, el modus operandi consiste en la triangulación de exportaciones, donde se incluyen sociedades constituidas a esos únicos fines, y por lo tanto son de carácter ficticio: están integradas por personas de bajos recursos con perfiles fiscales incongruentes para los movimientos de dinero que presentan las empresas que componen.

Otra arista importante de la maniobra, es que las sociedades que producían la refacturación generalmente suelen ser de los mismos exportadores argentinos, ya que cuentan con empresas en Argentina y el exterior, generándose un circuito de dinero que favorece el aprovechamiento de las divisas. "Más sencillo, quien compra, vende, y nuevamente hace lo propio, se trataría del mismo grupo de personas que por cada dólar -a una brecha del 100% entre oficial y blue-, ganarían el doble de dinero gracias al sistema financiero marginal", explican.

Tras el trabajo de investigación, se identificaron los sitios donde los involucrados se encontraban operando, por lo que Juez González Charvay dispuso la materialización de 64 allanamientos en distintas regiones del país. Se secuestraron gran cantidad de documentación vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, memorias, sellos presuntamente falsificados de funcionarios de SENASA, entre otros elementos de interés para la causa que ahora serán analizados por el Juez de Campana, destacándose  la labor interdisciplinaria coordinada entre PFA Y DGA.