Alberto Fernández no quiere sortear nuevamente el camino de la judicialización para avalar -o desestimar- una medida de carácter sanitario, pensada para la protección de la ciudadanía. Por eso, teniendo en cuenta el antecedente del fallo de la Corte Suprema en torno a la educación presencial- el gobierno pretende consensuar en el Congreso con los bloques opositores un esquema -avalado por una ley- que establezca con claridad qué medidas deben adoptar las autoridades ante cada escenario sanitario, en el contexto de una segunda ola cada vez más complicada.

Esta semana, durante el acto en Ensenada, Fernández había anticipado su intención de enviar una iniciativa al Parlamento “para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”. Inmediatamente Santiago Cafiero y la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, comenzaron a trabajar en el proyecto.

La propuesta, que ya fue supervisada por el primer mandatario antes de embarcarse rumbo a Portugal, tiene como columna vertebral el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) actualmente en vigencia, pero contiene una “mayor sustentación sanitaria”. La idea propuesta utiliza la figura del semáforo epidemiológico, que establezca los parámetros dentro de los cuales los gobernadores deberán aplicar diferentes medidas de restricción, como por ejemplo, el tan debatido paso de la educación presencial a la virtual.

El objetivo del oficialismo es transformar en ley esta iniciativa antes del vencimiento del actual DNU, que expira el próximo 21 de mayo. “Tenemos dos semanas para tratarlo y esperemos que la ley salga antes de que termine el DNU, porque sería ideal para resolver las cuestiones legales de la pandemia”, sostuvo una fuente gubernamental.

Miembros de la bancada del Frente de Todos en la cámara de Diputados confiaron a Data Clave que "ya existieron contactos con sectores de la oposición en el Congreso" con el objetivo de "ir generando los consensos necesarios para un trámite sin mayores inconvenientes". Desde el bloque de Juntos por el Cambio admitieron la existencia de "charlas previas" pero aseguraron que van a "esperar a leer el texto antes de fijar posición".

La oposición no quiere ninguna ley obture la posibilidad de maniobra a los gobernadores, otorgándole súper poderes a la Casa Rosada "y mucho menos que esa potestad pueda alterar la vigencia de los derechos individuales", confió un dirigente del radicalismo. De igual modo reaccionaron varios de los gobernadores a los que se sondeó desde el ministerio del Interior. "Primero vemos el texto, después vamos a opinar", afirmaron.